REFORMA FISCAL 2020 APROBADA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Código Fiscal
Reforma 2020
Impuestos.

A

Escrito por: AS News19/11/2019

Razón de negocios de los actos jurídicos (artículo 5o.-A; adición)

Se adiciona el artículo 5o.-A para indicar que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente.

En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de tales facultades, así como de la valoración de los elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo anterior, la autoridad tributaria no podrá desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos referidos sin que antes se dé a conocer dicha situación en la última acta parcial (visita domiciliaria), en el oficio de observaciones (revisión de gabinete) o en la resolución provisional y oficio de pre liquidación (revisión electrónica), y hayan transcurrido los plazos legales, para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a desvirtuar la presunción.

La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal; también, podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse mediante la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de éstos hubiera sido más gravoso.

Por último, se considerarán beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluirá los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la re caracterización de un pago o actividad, o un cambio de régimen fiscal, entre otros.

Negativa de otorgar la firma electrónica avanzada (e. Firma) (artículo 17-D; modificación)

Se modifica el artículo 17-D con objeto de incorporar la facultad para el SAT de negar el otorgamiento de una e. Firma cuando no pueda validar la información de un contribuyente relacionado con su identidad, domicilio y sobre su situación fiscal.

Causas por las cuales los certificados de sello digital quedan sin efectos (artículo 17-H; modificación; 17-H Bis; adición)

Se modifica el artículo 17-H para incluir una nueva causal en que los certificados de sello digital (CSD) quedan sin efectos, cuando se agote el procedimiento previsto en el articulo 17-H Bis y no se subsane las irregularidades detectadas.

También, señala que cuando se haya dejado sin efectos el CSD por la realización de conductas que resulten materialmente imposibles de subsanar o desvirtuar, el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer condiciones y requisitos para que los contribuyentes estén en posibilidad de obtener un nuevo certificado.

Con la adición del artículo 17-H Bis se dispone que, en el caso de CSD para la expedición de CFDI, previo a que se dejen sin efectos los certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando ocurra lo siguiente:

  1. Detecten que los contribuyentes, en un ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan presentar la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encuentren obligados a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales, o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no consecutivas.
  2. Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca.
  3. En el ejercicio de sus facultades, detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente en el RFC, se ignore su domicilio, o bien, dentro de dicho ejercicio de facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.
  4. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por tanto, se encuentra definitivamente en esa situación, en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo, del CFF.
  5. Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B del CFF (personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado de personas que no desvirtuaron los hechos de haber expedido comprobantes apócrifos) y, que una vez transcurrido el plazo legal, no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrigieron su situación fiscal.
  6. Derivado de la verificación del domicilio fiscal prevista en el artículo 27 del CFF, detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10 del mismo código.
  7. Detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los CFDI, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.
  8. Detecten que, por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto establecidos por el SAT mediante reglas de carácter general, registrados para el uso del buzón tributario, no son correctos o auténticos.
  9. Detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79 (infracciones relacionadas con el RFC), 81 (infracciones relacionadas con el pago de contribuciones y presentación de declaraciones, solicitudes y otros) y 83 (infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad) del CFF, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del CSD.
  10. Detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentran en el listado a que se refiere el párrafo octavo del artículo 69-B Bis del CFF.

Asimismo, se indica, entre otros aspectos, que los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI, podrán presentar la solicitud de aclaración a través del procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el SAT para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida; en la solicitud podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de que, al día siguiente al de la solicitud se restablezca el uso del certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de diez días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente; hasta en tanto se emita la resolución que corresponda, la autoridad fiscal permitirá el uso del CSD para expedir CFDI. La resolución mencionada se dará a conocer al contribuyente a través del buzón tributario.

Cuando derivado de la valoración realizada por la autoridad fiscal respecto de la solicitud de aclaración del contribuyente, se determine que éste no subsanó las irregularidades detectadas, o bien, no desvirtuó las causas que motivaron la restricción provisional del CSD, la autoridad emitirá resolución para dejar sin efectos el certificado.

Obligación de habilitar el buzón tributario (artículo 17-K; modificación)

Se modifica el artículo 17-K del CFF para establecer la obligación para los contribuyentes que tengan asignado su buzón tributario, de habilitarlo y de registrar y mantener actualizados los medios de contacto válidos, de acuerdo con el procedimiento que disponga el SAT mediante reglas de carácter general.

Cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contacto erróneos o inexistentes, o no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la notificación, por lo que la autoridad podrá notificarle por estrados en términos del CFF.

Eliminación de la compensación universal (artículo 23; modificación)

Con la modificación del artículo 23 se elimina del CFF la posibilidad de realizar la compensación universal de impuestos. En este sentido, sólo se podrán compensar las cantidades que tengan a favor los contribuyentes contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto.

Responsabilidad solidaria (artículo 26; modificación)

Entre otros aspectos, se modifica la fracción III del artículo 26 para suprimir los supuestos que liberan de la responsabilidad solidaria a los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se hayan causado durante su gestión.

En el mismo orden de ideas, se reforman las fracciones III y X del artículo 26 para señalar nuevos supuestos en los que deberá incurrir la persona moral para que los socios o accionistas sean responsables solidarios con ella, así como la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan confiada la dirección general o la administración única de las personas morales, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, o durante su gestión, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de las mismas, sin que la responsabilidad exceda, en su caso, de la participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha de que se trate, a saber:

  1. No se localice en el domicilio fiscal registrado ante el RFC.
  2. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que las leyes establezcan, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado.
  3. Se encuentre en el listado referido en el artículo 69-B, cuarto párrafo, del CFF, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de haber emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes.
  4. Se encuentre en el supuesto mencionado en el artículo 69-B, octavo párrafo, del CFF, por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corregido su situación fiscal, cuando en un ejercicio fiscal dicha persona moral haya recibido comprobantes fiscales de uno o varios contribuyentes que se encuentren en el supuesto que indica el artículo 69-B, cuarto párrafo, del CFF, por un monto superior a $7’804,230.
  5. Se encuentre en el listado que señala el artículo 69-B Bis, octavo párrafo, del CFF, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales. En el caso mencionado en el artículo 69-B, también se considerarán responsables solidarios los socios o accionistas de la sociedad que adquirió y disminuyó indebidamente las pérdidas fiscales, siempre que, con motivo de la reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien, de cambio de socios o accionistas, la sociedad deje de formar parte del grupo al que perteneció.

Inscripción en el RFC y presentación de avisos (artículo 27; modificación)

Con la modificación del artículo 27 se reestructura de manera general su contenido para que se identifique a los sujetos obligados a inscribirse en el RFC, así como sus obligaciones y las facultades de la autoridad fiscal al respecto. Este artículo consta de cuatro apartados:

A. Sujetos y sus obligaciones específicas.

B. Catálogo general de obligaciones.

C. Facultad de la autoridad fiscal.

D. Casos especiales.

Entre otros aspectos, destaca que las autoridades fiscales podrán llevar a cabo verificaciones para confirmar los datos siguientes:

  1. Los proporcionados al RFC, relacionados con la entidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro.
  2. Los señalados en los CFDI, declaraciones, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades tributarias, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las autoridades fiscales podrán utilizar servicios o medios tecnológicos que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales, cuya información también podría ser utilizada para la elaboración y diseño de un marco geográfico fiscal.

Presentación de información de diversas operaciones (artículo 31-A; modificación)

Se modifica el artículo 31-A del CFF para indicar que los contribuyentes deberán presentar, con base en su contabilidad, la información de las siguientes operaciones:

  1. Las operaciones financieras señaladas en los artículos 20 y 21 de la ley del Impuestos sobre la renta.
  2. Las operaciones con partes relacionadas
  3. Las relativas ala participación en el capital de sociedades y a cambios en la residencia fiscal
  4. Las relativas a reorganizaciones reestructuras corporativas
  5. Las relativas a enajenaciones y aportaciones de bienes y activos financieros.

La información deberá presentarse trimestralmente a través de los medios y formatos que disponga el SAT mediante reglas de carácter general, dentro de los 60 días siguientes a aquel en que concluya el trimestre de que se trate.

Actualmente, se establece que los contribuyentes deben presentar la información de las operaciones que se indiquen en la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales, dentro de los 30 días siguientes a aquel en el que se hayan celebrado.

Obligaciones de entidades financieras y cooperativas de ahorro y préstamo (artículo 32-B; modificación)

Mediante la modificación del artículo 32-B se establece la obligación para las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de obtener de sus cuentahabientes el correo electrónico, el número telefónico, así como los medios de contacto que determine la autoridad fiscal mediante reglas de carácter general.

Particulares con los que las entidades públicas no deben contratar (artículo 32-D; modificación)

Se modifica el artículo 32-D con objeto de señalar nuevos supuestos en los que cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales (actualmente el artículo sólo se refiere a la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como a la Procuraduría General de la República), en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares siguientes:

  1. Aquellos que, habiendo vencido el plazo para presentar declaraciones correspondientes a retenciones, no las hayan presentado, con independencia de que en las mismas resulten o no cantidades a pagar.
  2. Los que, estando inscritos en el RFC, se encuentren como no localizados.
  3. Quienes tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar sería por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.
  4. Aquellos que no hayan desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en los listados a que se refieren los artículos 69-B, cuarto párrafo, o 69-B Bis, octavo párrafo, del CFF.
  5. Quienes hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones que no concuerden con los CFDI, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

También, se dispone que las sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, deberán obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de forma mensual.

Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales para efectuar alguna operación comercial o de servicios, para obtener subsidios y estímulos, para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, incluyendo los de comercio exterior, así como para las contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios y obra pública que vayan a efectuar con los sujetos mencionados en el primer párrafo de este apartado, tendrán que hacerlo mediante el procedimiento que establezca el SAT a través de reglas de carácter general.

Para participar como proveedores de los sujetos señalados, los contribuyentes también estarán obligados a autorizar al SAT para que haga público el resultado de la opinión del cumplimiento, a través del procedimiento que disponga este organismo mediante reglas de carácter general.

Sorteos de la lotería fiscal del SAT (artículo 33-B; modificación)

Conforme a la modificación del artículo 33-B, cambian los lineamientos para la celebración de sorteos de la lotería fiscal que lleve a cabo el SAT; entre otros aspectos, como sigue:

  1. Cuando la participación en el sorteo se base en los CFDI emitidos por los contribuyentes que realicen la enajenación de bienes, la prestación de servicios o la concesión del uso o goce temporal de bienes inmuebles, no podrán participar las personas que efectúen actividades empresariales.
  2. Cuando en algún sorteo el premio ofrecido se pague por terceros por cuenta del gobierno federal, el monto entregado por los pagadores podrá ser acreditable contra los impuestos federales que el SAT determine en las bases del sorteo, sin que dé lugar a la devolución.
  3. Cuando los premios consistan en bienes, el SAT tendría que observar las normas presupuestales aplicables a la adquisición y enajenación de los bienes.
  4. El SAT, mediante reglas de carácter general, establecerá las bases para los sorteos, los premios, las fechas, las personas que podrían participar y demás requisitos a que se sujetará su realización.
  5. Cuando el monto de los premios a repartir no consista en bienes, la SHCP fijará el monto total máximo a repartir por sorteo, previa solicitud que el SAT formule a la dependencia mencionada.
  6. Los sorteos deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Los premios obtenidos por los ganadores de los sorteos no serían ingresos acumulables para los efectos de la Ley del ISR, por lo que se considerarían ingresos exentos. Tampoco estarían afectos al pago del IEPS.

El monto de los impuestos estatales generados por la obtención de los premios será cubierto por la Federación a la entidad federativa en donde se entregue el premio correspondiente.

Tercero colaborador fiscal (artículo 69-B adición)

Se adiciona el artículo 69-B-Ter a fin de incentivar la colaboración de la sociedad en el combate a la práctica indebida de expedir comprobantes fiscales apócrifos, con la incorporación de la figura de tercero colaborador fiscal, cuya información podrá ser empleada para substanciar el procedimiento establecido en el artículo 69-B del CFF, así como para motivar las resoluciones de este procedimiento.

La identidad del tercero colaborador fiscal tendrá el carácter de reservada en términos del artículo 69 del CFF.

El tercero colaborador fiscal podrá participar en los sorteos de lotería fiscal, siempre que la información y documentación que proporcione en colaboración con la autoridad fiscal sean verificables. Asimismo, en la lista definitiva que se publique en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo, del CFF, serían identificadas las empresas que facturan operaciones simuladas que se hayan conocido en virtud de la información proporcionada por el tercero colaborador fiscal.

Infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros (artículo 89; modificación)

Se adiciona la fracción IV al artículo 89 para establecer como supuesto de infracción, cuya responsabilidad recaería sobre terceros, permitir o publicar a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La sanción aplicable será la prevista en el artículo 90 del CFF, que va de $54,200 a $85,200.

Revelación de esquemas reportables (artículos 42; modificación; 197, 198, 199, 200, 201 y 202; adición)

Se adiciona el título VI al CFF, denominado “De la revelación de esquemas reportables”, el cual comprende los artículos 197 a 202 que también se adicionan, conforme al cual, se obligará a los asesores fiscales a revelar al SAT los esquemas reportables generalizados y personalizados.

Los aspectos más importantes del título mencionado son los siguientes:

  1. Se entenderá por asesor fiscal cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal, y sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable, o quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero.
  2. Los asesores fiscales obligados son los que se consideren residentes en México o residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional, siempre que las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente sean las realizadas por un asesor fiscal. Cuando un asesor fiscal residente en el extranjero tenga en México un establecimiento permanente o una parte relacionada, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la asesoría fiscal fue prestada por este último.

La presunción también será aplicable cuando un tercero que sea un residente en México o un establecimiento permanente de un residente en el extranjero en los términos de la Ley del ISR, realice actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal residente en el extranjero. Para controvertir tal presunción no será suficiente presentar un contrato que señale que el servicio de asesoría fiscal fue prestado directamente por el residente en el extranjero. En este supuesto, el establecimiento permanente, la parte relacionada o el tercero tendrán obligación de revelar el esquema reportable.

  1. Es obligatorio revelar un esquema reportable sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste obtenga un beneficio fiscal en México.
  2. Los contribuyentes estarán obligados a revelar los esquemas reportables, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el asesor fiscal no les proporcione el número de identificación del esquema reportable emitido por el SAT, ni les otorgue una constancia que señale que el esquema no es reportable.

b) Cuando el esquema reportable hubiera sido diseñado, organizado, implementado y administrado por el contribuyente.

c) Cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un esquema reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado por una persona que no se considere asesor fiscal.

d) Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional o, cuando teniéndolo, las actividades atribuibles al establecimiento permanente no sean las realizadas por un asesor fiscal.

e) Cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal revele el esquema reportable.

  1. Se considerará un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga, entre otras, alguna de las siguientes características:

a) Evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas, incluyendo la aplicación del Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, a que se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 15 de julio de 2014, así como otras formas de intercambio de información similares.

b) Evite la aplicación del artículo 4o.-B o del capítulo I del título VI (regímenes fiscales preferentes) de la Ley del ISR.

c) Consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a personas distintas de las que las generaron.

d) Consista en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie, a la persona que lo efectuó o alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas.

e) Involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición suscrito por México, respecto a ingresos que no estén gravados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. También, cuando los ingresos se encuentren gravados con una tasa reducida en comparación con la tasa corporativa en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente.

f) Involucre operaciones entre partes relacionadas.

g) Se evite generar un establecimiento permanente en México en términos de la Ley del ISR y los tratados para evitar la doble tributación suscritos por México.

h) Involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que permita su depreciación por otra parte relacionada.

i) Evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo a través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentren designados o identificados al momento de su constitución o en algún momento posterior.

j) Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad fiscal esté por terminar conforme a la Ley del ISR y se efectúen operaciones para obtener utilidades fiscales a las cuales se les disminuyan las pérdidas fiscales y tales operaciones ocasionen una deducción autorizada al contribuyente que generó las pérdidas o a una parte relacionada.

k) Evite la aplicación de la tasa adicional de 10% por pago de dividendos (artículos 140, segundo párrafo, 142, segundo párrafo de la fracción V, y 164 de la Ley del ISR).

l) En el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o una parte relacionada de este último.

m) Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores a 20%, con excepción de las que surjan por motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones.

Mediante disposición transitoria se establece que los plazos para cumplir las obligaciones señaladas en este apartado empezarán a computarse a partir del 1o. de enero de 2021; asimismo, los esquemas reportables que deberán ser revelados son los diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados a partir de 2020, o con anterioridad cuando alguno de sus efectos fiscales se refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020. En este último caso, los contribuyentes serán los únicos obligados a revelar.

Por otra parte, también se modifica el artículo 42 del CFF a fin de facultar a las autoridades tributarias para practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar que hayan cumplido con las obligaciones mencionadas en este apartado.

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