Por AS Consulting Group | www.ascg.mx
El Senado de la República ha aprobado una reforma trascendental a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones. Esta reforma no solo responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino que también marca un giro decisivo en la vigilancia y cumplimiento normativo en México.
La intención es clara: cerrar las brechas que permiten el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, justo antes de que el GAFI evalúe a México en estas materias durante 2025.
Empresarios y emprendedores deben comprender que la transparencia en las operaciones ya no es una opción, es una exigencia legal y reputacional. La reforma busca asegurar que se conozca con precisión quién controla y se beneficia realmente de las empresas y operaciones financieras, lo que impacta de lleno en estructuras societarias, fideicomisos y esquemas de inversión.
Cambios Más Relevantes para el Sector Empresarial
1. Nuevas Actividades Vulnerables Se incorporan sectores antes no regulados, como:
Estas actividades ahora deberán reportar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes al SAT, conforme a los nuevos lineamientos.
2. Identificación del Beneficiario Controlador Tal como lo establece el Artículo 32-B Ter del Código Fiscal de la Federación, todas las personas morales están obligadas a identificar a la persona física que controla directa o indirectamente a la empresa. Esta obligación se refuerza con la reforma antilavado, obligando a los sujetos obligados a verificar y documentar esta información de forma continua.
3. Personas Políticamente Expuestas (PEPs) Se introduce el concepto de PEP, incluyendo no solo a funcionarios públicos, sino a familiares, socios y personas cercanas. Esta inclusión ha generado debate, pues podría extender el escrutinio sin límites claros ni temporalidad definida.
4. Refuerzo a la Vigilancia y Cumplimiento
5. Organizaciones Sin Fines de Lucro El nuevo marco normativo exige más controles sobre asociaciones civiles, fundaciones, iglesias y demás entidades sin fines de lucro, provocando preocupación sobre posibles restricciones a actividades filantrópicas legítimas.
Si bien la reforma pretende blindar al país frente al lavado de dinero, también presenta áreas grises y potenciales excesos, como:
-Militarización del cumplimiento normativo, por el involucramiento de fuerzas armadas. -Aumento de la carga regulatoria, especialmente para pymes y emprendedores. -Definiciones ambiguas (como la de PEP) que podrían dar pie a discrecionalidades o sanciones injustificadas.
1. Revisar estructuras corporativas y de propiedad: Verifique y documente claramente quién es el beneficiario controlador. La omisión puede derivar en multas de hasta 2 millones de pesos, según el artículo 84-M del CFF.
2. Alinear los procesos de cumplimiento: Adapte los manuales, políticas internas y controles de su empresa para estar en línea con la nueva regulación.
3. Capacitar al personal clave: Es fundamental que las áreas contables, jurídicas y financieras comprendan las nuevas responsabilidades y el alcance de los reportes.
4. Fortalecer la trazabilidad de operaciones: Toda transacción deberá tener respaldo documental. Desde contratos hasta comprobantes fiscales y registros de beneficiarios reales.
5. Evaluar el riesgo de cada cliente y proveedor: Implemente sistemas que permitan clasificar clientes y operaciones con base en su nivel de riesgo.
La reforma a la LFPIORPI marca un nuevo estándar para la legalidad y el control de operaciones económicas en México. Para los empresarios y emprendedores, estar preparados ya no es solo una ventaja competitiva: es una condición de supervivencia legal. Cumplir, prevenir riesgos reputacionales y garantizar la continuidad del negocio dependerá de actuar desde ahora, con asesoría especializada, sistemas automatizados y un enfoque proactivo.
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