LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PUEDE AFECTAR TU PATRIMONIO

LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PUEDE AFECTAR TU PATRIMONIO
Patrimonio
Procedencia ilícita
Bienes
Ley
Javier Arreguin Ruiz
Escrito por: Javier Arreguin Ruiz 11/07/2019

En nuestra vida diaria como empresarios debemos estar atentos a las implicaciones legales de nuestra actividad, por ello comentaremos una ley que se aplica en nuestro país, y que al igual que muchas otras, tiene su orígen desde la globalidad y fue creada para combatir actividades ilícitas.

En nuestro actuar sucede que nos topamos, de manera accidental y sin conocer, con relaciones comerciales, con empresarios o empresas que realizan actividades ilícitas que nos llevan a caer en actos por lo cuales podemos perder nuestros bienes y caer en la privación de la libertad o en costos legales para demostrar nuestra inocencia.

El 14 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio, que amplía el catálogo de delitos a los cuales se aplicará esta figura.

En la edición publicada en el DOF se señala que la extinción de dominio será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse.

Además, que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal.

Otra de las principales novedades de esta ley es que ampliará el abanico de posibles delitos para los cuales el Ministerio Público podrá solicitar la extinción de dominio. En total se contemplan 11 distintos tipos de delitos, entre ellos los relacionados con hechos de corrupción, y también los de robo de hidrocarburos (como el llamado huachicoleo).

Los otros tipos de delitos donde se podrá aplica este procedimiento son delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, trata de personas, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, lavado de dinero y extorsión

El artículo 87 señala que para notificar a los posibles dueños de una propiedad de que la misma será sometida a un juicio de extinción deberán publicarse edictos en el Diario Oficial de la Federación, en el diario de mayor circulación en la localidad y a través de internet, en la página de la fiscalía correspondiente.

El Ministerio Público podrá realizar un aseguramiento de propiedades o cuentas bancarias de forma preventiva, incluso cuando no se haya planteado aún la petición de inicio del juicio de extinción. Ello para prevenir que los bienes puedan verse afectados.

De acuerdo con el artículo 174 el Ministerio Público deberá pedir esta medida cautelar al juez especializado. Dado que se debe priorizar que los bienes permanezcan intactos, se presumirá de inicio que es necesario conceder este recurso, a menos que haya una irregularidad notoria.

“En el aseguramiento de bienes, se podrá ordenar la inmovilización provisional e inmediata de fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos financieros que se encuentren dentro del sistema financiero o en instituciones similares u homólogas, cuando dichos bienes se encuentren vinculados con los hechos ilícitos materia de la extinción de dominio”, indica el artículo 179.

La ley establece que a partir de que se dicte la medida cautelar, el Ministerio Público tendrá un periodo máximo de cuatro meses para pedir la apertura del procedimiento de extinción o, de lo contrario, retirar el decomiso preventivo.

El artículo 191 establece claramente que cuando el Ministerio Público necesite recabar información bancaria como parte de su investigación o presentación de pruebas en el proceso de extinción, le deberá formular el requerimiento a un juez para que este lo autorice o no. La información bancaria recopilada sin autorización judicial no será considerada como prueba inválida.

Artículo 7. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que se refiere el artículo siguiente, aún cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en la fracción II del artículo 22 constitucional.

El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa, o en las actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo, o de ambas, cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo siguiente.

La muerte del o los probables responsables no cancela la acción de extinción de dominio.

Artículo 8. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior, en cualquiera de los supuestos siguientes:

Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito;

Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.

Se entenderá por "ocultar", la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes;

Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito;

Este articulo es de suma importancia porque debemos estar sumamente atentos y enterados de con quien realizamos operaciones comerciales. Un ejemplo de esto es si ponemos en renta un bien inmueble y una vez rentado, no tenemos el cuidado de supervisar que se realice la actividad para lo cual lo rentamos y es más grave aún, cuando no hay un contrato de por medio. Si en este caso se realizan actividades ilícitas como las ya comentadas, estaremos arriesgando nuestro patrimonio al máximo.

Otro ejemplo puede ser que nos depositen en nuestra cuenta importes de efectivo que nos pida un amigo o un familiar, y que accedamos o peor aún aceptemos una comisión y el dinero proviene de una actividad ilícita, estamos en un grave problema.

Por lo que es necesario que nuestras actividades comerciales estén llevadas a cabo con personas probas y además, estas actividades deberán estar sustentadas con los elementos legales que nos permitan mantener nuestro patrimonio y contar con la asesoría jurídica en todo momento, por si nos llegamos a dar cuenta de un ilícito, posterior a la relación comercial, saber cómo reaccionar.

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