La inteligencia artificial (IA) ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con la tecnología. Con aplicaciones que van desde la personalización de anuncios en redes sociales hasta diagnósticos médicos asistidos, la IA está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. Sin embargo, a medida que esta tecnología avanza, también crece la necesidad de regular su uso para proteger los derechos de las personas y garantizar que la IA se utilice de forma ética y segura. En este contexto, México ha dado un paso crucial con la Iniciativa de Ley Nacional que Regula el Uso de la Inteligencia Artificial, una propuesta legislativa que establece un marco de regulación para la IA en el país.
La iniciativa, presentada por la Senadora Juanita Guerra Mena, busca por primera vez en la historia del país regular el uso de la IA en diversas actividades tanto del sector público como del privado. Esta ley propone definir los lineamientos que empresas y entidades gubernamentales deben seguir para garantizar un uso responsable y ético de la IA, protegiendo los derechos de los ciudadanos. Algunos de los objetivos centrales de la propuesta incluyen:
La IA ha estado en desarrollo durante más de cinco décadas, pero solo en los últimos años ha alcanzado un nivel de sofisticación que plantea nuevos desafíos legales y éticos. Con la capacidad de analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y de tomar decisiones automatizadas, la IA ha creado oportunidades impresionantes para mejorar la productividad, la eficiencia y el bienestar social. Sin embargo, también plantea riesgos, especialmente si se utiliza sin un marco de regulación adecuado.
Uno de los mayores desafíos es que la IA puede replicar y amplificar sesgos presentes en los datos con los que ha sido entrenada. Esto significa que, si no se regula adecuadamente, la IA podría perpetuar prácticas discriminatorias o sesgadas en sectores como la banca, la educación o el sistema judicial. Además, la IA tiene el potencial de manipular la información de forma peligrosa, como en el caso de los deepfakes, que pueden utilizarse para difundir noticias falsas o manipular la opinión pública.
Con esta ley, México se une a un movimiento global para regular la IA. La Unión Europea, por ejemplo, ya ha desarrollado una legislación similar que establece lineamientos estrictos para el uso de esta tecnología. La iniciativa mexicana no solo responde a estos retos, sino que también busca fomentar un ambiente de innovación controlada donde la IA pueda seguir evolucionando, pero bajo principios éticos y de seguridad.
La iniciativa propone una clasificación de la IA en tres niveles de riesgo: Riesgo Inaceptable: Incluye aplicaciones de IA que representan una amenaza inminente para los derechos humanos y la seguridad pública. Ejemplos de IA de riesgo inaceptable serían aquellos sistemas diseñados para manipular el comportamiento humano de forma coercitiva o discriminatoria. Riesgo Alto: Este nivel comprende sistemas de IA que pueden afectar la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Su uso estaría limitado a entidades de seguridad pública y las Fuerzas Armadas. Un ejemplo podría ser la vigilancia masiva asistida por IA en espacios públicos.
Riesgo Limitado: Aplicaciones que interactúan con los usuarios permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre su uso. Este tipo de IA es de menor riesgo, pero debe informar a los usuarios de su presencia y permitir que estos decidan en cualquier momento si desean interactuar con ella.
La iniciativa también contempla la creación de dos entidades clave: el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y el Consejo Nacional de Inteligencia Artificial. Estas instituciones tendrán la responsabilidad de coordinar las políticas públicas, establecer estándares de uso y garantizar que la IA se implemente de manera ética y segura.
El Centro Nacional, un organismo autónomo, estará a cargo de desarrollar los lineamientos técnicos y de seguridad para el uso de la IA, mientras que el Consejo Nacional se encargará de supervisar las políticas nacionales en esta materia. Esta estructura institucional es similar a la que han adoptado otros países que lideran la regulación de la IA, como la Unión Europea, y permitirá que México cuente con un marco regulador sólido y alineado con estándares internacionales.
Uno de los puntos más importantes de esta ley es la inclusión de principios éticos que buscan garantizar un uso justo y transparente de la IA. Entre estos principios se encuentran el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y la protección de datos personales. Además, se establece que los usuarios tienen derecho a ser informados cuando una tecnología de IA esté siendo utilizada y a tener acceso a sus datos personales en todo momento.
La iniciativa también menciona la ética en el desarrollo de IA, prohibiendo aplicaciones que puedan manipular ideológicamente a las personas o que sean utilizadas sin un protocolo ético claro. Este aspecto es fundamental, ya que uno de los riesgos de la IA es que, en ausencia de regulación, podría ser utilizada para manipular a la sociedad o influir en decisiones políticas.
La propuesta de la Ley Nacional que Regula el Uso de la Inteligencia Artificial marca un paso importante para México en la adopción de un marco regulador para esta tecnología disruptiva.