El cobro de impuestos de importación a las compras por internet y la aplicación de aranceles a países con los que México no tiene acuerdo de libre comercio creció más de 50% real anual su recaudación en el primer trimestre del año, amortiguando las caídas en la llegada de ingresos públicos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y por exportación petrolera.
De todos los gravámenes, este concepto fue el que más creció en el primer trimestre de 2025. Frente a los ingresos previstos por Hacienda y aprobados por el Congreso, también reportó un monto mayor por 6,243 millones de pesos.
Los impuestos de importación fueron “impulsados por los nuevos esquemas fiscales en el tratamiento del comercio, de las conocidos como de minimis, una mejor fiscalización digital, así como los aranceles modificados desde el 23 de abril de 2024 a un rango de entre 5 y 50% para 544 fracciones arancelarias”, explicó en conferencia de prensa el viernes pasado, Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el sector del comercio internacional, el concepto de minimis se refiere a un monto límite en los precios de mercancías o paquete, el cual si es inferior está libre de impuestos. En este caso, a partir de 2025, la autoridad fiscal dispuso la aplicación de una carga tributaria de 19%, por 16% de IVA y de 3% de impuesto a la importación (arancel), a las compras superiores a los 50 dólares, a través de plataformas como Temu y Shein, en países que no tienen tratado comercial con México.
Para los países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el gravamen es de 17%, de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo.
Cifras de Hacienda detallan que los impuestos a la importación aportaron el 2.0% de todos los ingresos, la aportación más alta desde el primer trimestre de 2001. El monto reportado en el primer cuarto del año es el más alto, frente a periodos iguales de los que tiene registro Hacienda, el cual suma 42,347 millones.
La Secretaría de Economía de México inició una ofensiva contra la importación irregular de acero. Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, informó que el gobierno cancelará 1,062 registros de “molinos” o plantas siderúrgicas ubicadas en distintos países del mundo.
La decisión forma parte de una auditoría ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar el uso de registros apócrifos, reducir la evasión arancelaria y cerrar la puerta a la triangulación comercial.
El procedimiento exige a las empresas importadoras registrar ante la Secretaría de Economía el origen del acero que entra al país. El trámite incluye la identificación exacta del molino en el extranjero donde se produjo el material. Sin embargo, al revisar más de 2,000 registros, la autoridad detectó inconsistencias en casi la mitad de ellos.
"Algunos molinos no existen. Otros presentan datos falsos o incompletos. Esos registros desaparecerán", afirmó Ebrard. Equipos del gobierno ya se encuentran desplegados en al menos seis países, incluido Malasia, para verificar físicamente la autenticidad de los sitios de producción.
La cancelación de los registros forma parte de un esfuerzo por proteger a la industria acerera nacional, que ha denunciado prácticas desleales de comercio en los últimos años. La evasión fiscal asociada a estas importaciones irregulares permite que comercializadoras extranjeras ofrezcan acero a precios artificialmente bajos, sin enfrentar los mismos requisitos fiscales que los productores nacionales.
"¿Qué impacto va a tener esto? Bueno, que el productor nacional tenga condiciones justas de competencia con lo que se importa, porque si no se están cometiendo… ahora sí que, como decimos, si fuera futbol es un faul, es una falta, es un abuso respecto a nuestra industria nacional, por eso se tomó esa decisión por parte de la presidenta Sheinbaum", comentó Ebrard.
El anuncio marca un giro más estricto en la política comercial del país. Bajo el nuevo enfoque, el gobierno apuesta por una vigilancia activa del origen de las mercancías, en contraste con la supervisión documental que predominaba antes.
El impacto inmediato recaerá en las empresas que dependen de acero importado a bajo costo, aunque el gobierno asegura que la medida no pretende restringir el comercio legítimo, sino sanearlo. De fondo, también responde a la presión de industriales nacionales que exigen acciones más firmes ante una competencia desleal sostenida por vacíos legales y omisiones administrativas.
En medio de una escalada de tensión entre dos potencias nucleares, India bombardeó este miércoles de madrugada (hora local) varios puntos del territorio pakistaní que hasta el momento dejó como saldo ocho muertos.
El gobierno indio anunció la operación bajo el nombre Sindoor, con la que afirmó golpear "infraestructuras terroristas en Pakistán [...] de donde se organizaron y dirigieron ataques terroristas contra India", según una breve declaración oficial.
El anuncio de Nueva Delhi se produce después del atentado perpetrado el 22 de abril en la Cachemira india, donde murieron 26 personas. Desde entonces, la comunidad internacional advirtió sobre un posible aumento de hostilidades entre India y Pakistán.
El ejército pakistaní denunció que las fuerzas armadas indias atacaron "tres regiones" dentro de su territorio. Mencionó las ciudades de Muzaffarabad y Kolti, en la Cachemira pakistaní, así como Muridke y Bahawalpur, en la provincia de Punyab, según declaró a AFP un militar pakistaní de alto rango.
De acuerdo con el ministro pakistaní de Defensa, Khawaja Asif, los 24 bombardeos dejaron al menos "ocho civiles muertos, incluyendo un niño".
Corresponsales de AFP en Cachemira y Punyab reportaron escuchar fuertes explosiones en varias zonas, mientras que periodistas ubicados en el lado indio de la Línea de Control —la frontera de facto entre ambos países en la región— también reportaron múltiples detonaciones, cada vez más cercanas.
"Responderemos en el momento que elijamos"
Ante la agresión, el portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, lanzó una advertencia: "Responderemos en el momento que elijamos".
El gobierno de Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional a las 05:00 GMT de este miércoles (23:00 del martes, tiempo del Centro de México), anunció el ministro de Información, Ataullah Tarar. El comité está compuesto por responsables civiles y militares de alto rango.
Desde Nueva Delhi, las fuerzas armadas indias afirmaron en su cuenta de X que respondieron “de forma apropiada y calibrada”. En la misma línea, el gobierno aseguró que “nuestra acción es específica, equilibrada y busca evitar cualquier escalada. No se apuntó contra ninguna instalación militar pakistaní”.
Una de las zonas atacadas fue la mezquita Subhan, en Bahawalpur. Según los servicios de inteligencia indios, el lugar está vinculado a grupos cercanos a Lashkar-e-Taiba (LeT), un movimiento yihadista radicado en Pakistán y sospechoso de haber organizado los atentados de Bombay en 2008, en los que murieron 166 personas.
El gobierno indio defendió la operación señalando que ejercieron “moderación considerable” y reiteró su compromiso de hacer que “los responsables del ataque (de abril) rindan cuentas”.
En respuesta a la agresión, un militar pakistaní citado por AFP afirmó: “Habrá una respuesta hiriente pronto, esto no se quedará así”.
La promesa suena bien. Más tiempo libre, mejor calidad de vida, menos estrés. Trabajar 40 horas a la semana, como ya ocurre en buena parte del mundo, se ha convertido en una bandera de dignidad laboral en México. Pero llevarla del discurso a la realidad no será fácil.
La propuesta para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas ha vuelto al centro del debate político. Esta vez, con el respaldo renovado de la administración de Claudia Sheinbaum. A partir del 2 de junio, empresarios, autoridades y representantes sindicales se sentarán en mesas de negociación para definir su posible implementación. Pero el contexto económico amenaza con imponer sus propios límites.
“Es tiempo de elevar el atractivo de México como destino de inversión, no de imponer nuevas cargas laborales”, advierte Juan José Sierra, presidente de la Coparmex. Su postura no es de rechazo total, pero sí de advertencia: sin gradualidad, incentivos fiscales y excepciones sectoriales, la reforma podría convertirse en una carga difícil de sobrellevar para las empresas.
Para el sector empresarial, el cambio ahora genera más dudas que certezas. La cúpula patronal ha reiterado su disposición al diálogo, pero insiste en la necesidad de gradualidad, excepciones sectoriales y un enfoque basado en la realidad económica. En los últimos años, las empresas en México han asimilado una serie de reformas laborales que, si bien han representado avances importantes para los trabajadores, también han implicado cargas crecientes para el sector productivo.
La Coparmex señala que el incremento sostenido del salario mínimo, la ampliación de vacaciones, la regulación de la subcontratación y el aumento en las aportaciones patronales al sistema de pensiones han sido absorbidos por las compañías en un contexto económico complejo, marcado por inflación y un bajo crecimiento económico.
A eso se suman tensiones comerciales con Estados Unidos, el principal socio del país, que han endurecido reglas y tarifas bajo el marco del T-MEC, y que mantienen a los exportadores en vilo.
Por décadas, las automotrices navegaron con relativa certeza. Sus planes de producto se estructuraban a años vista, con portafolios amplios y versiones para casi todo tipo de cliente. Hoy, esa lógica parece obsoleta. Entre aranceles, tensiones comerciales y una transición tecnológica aún incierta, los fabricantes de vehículos han optado por una estrategia que hasta hace poco habrían considerado riesgosa: simplificar.
La era del “menos es más” llegó a la industria. En lugar de abarcar con múltiples líneas de producto, las marcas afinan sus apuestas hacia segmentos específicos: el de entrada, los SUV compactos o los modelos de alto volumen. El objetivo es claro: maximizar rentabilidad y eficiencia, ante un entorno que se ha vuelto cada vez más volátil.
“El éxito ahora depende de cuán certero seas al lanzar un nuevo modelo. Ya no hay espacio para errores”, comenta Eric Ramírez, director de la firma de análisis automotriz Urban Science. “Con las barreras comerciales y los aranceles obviamente es muy incierto a cuánto vas a vender, es muy incierto cuál va a ser tu estructura de costos y cuál va a ser tu modelo de negocio para ser rentable”.
La presión proviene desde varios frentes. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha sacudido las reglas del juego en Norteamérica. El ideal de integración regional que inspiró el T-MEC ha sido reemplazado por una lógica proteccionista. Las marcas ya no pueden trazar sus estrategias confiando en que sus vehículos cruzarán fronteras sin obstáculos.
Esto ha provocado ajustes que, en muchos casos, se toman desde las casas matrices. Nissan, por ejemplo, ha comenzado una renovación total de su portafolio a nivel global, con apuestas diferenciadas por región. En abril, Iván Espinosa, vicepresidente corporativo global de planificación de producto, detalló que en América Latina se priorizarán modelos accesibles, con énfasis en sedanes y SUV de alto volumen.
En Estados Unidos y Canadá, en cambio, la electrificación será la columna vertebral de la estrategia, con más de 10 lanzamientos eléctricos en los próximos años. Europa recibirá cuatro nuevos modelos eléctricos, mientras que Japón tendrá una nueva generación del Leaf y un Kei car actualizado en 2025, además de una minivan electrificada para 2026.
Uno de los primeros resultados de esa lógica se ha visto en México con el lanzamiento del Magnite, un SUV subcompacto importado desde India, que le ha permitido a la marca mantener precios atractivos en un contexto de presión cambiaria y altos costos logísticos.
En paralelo, los avances tecnológicos han traído desafíos adicionales. La industria ha apostado por la electrificación como ruta hacia la descarbonización, pero esa visión comienza a fracturarse. La infraestructura de carga no ha avanzado al ritmo esperado, y los híbridos vuelven a ganar terreno como solución intermedia.
Esto obliga a las armadoras a ser selectivas no solo en modelos, sino también en motorizaciones. “Definitivamente en los próximos cinco años lo que vamos a ver es una optimización de portafolio donde van a bajar de 12 líneas a seis, de 10 a cinco, de siete versiones a tres”, anticipa Ramírez.