NOTICIAS DEL DÍA (07 DE OCTUBRE DE 2025)

México invierte menos en infraestructura que en pagar intereses de su deuda.

Para los cierres de 2025 y 2026 se espera que la diferencia entre la inversión física y el costo financiero de la deuda alcancen niveles récord.

El pago de intereses de la deuda pública supera al gasto de inversión en infraestructura para registrar la mayor brecha de la que se tiene registro, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el periodo enero-agosto, el costo por intereses de la deuda pública fue más elevado al de inversión física por 311,041 millones de pesos, frente al mismo periodo de años anteriores, revirtiendo la tendencia de mayor gasto en infraestructura y menor deuda del año pasado.

Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que los recursos públicos que se obtienen de préstamos se deben destinar a refinanciar deuda o a gasto de inversión, este último con el objetivo de hacer crecer este capital y se vuelva redituable para la economía.

“Es un tema de gran preocupación porque nosotros estimamos que por cada peso de endeudamiento que se come el presupuesto, para el siguiente año solamente 61 centavos se destinarán a proyectos de inversión. Cuando debería ser un peso de deuda, igual a un peso de inversión, es la regla de oro de la sostenibilidad de la deuda. Desde 2019 no se cumple esa métrica y nuevamente en 2026 no se cumplirá, lo cual ya nos habla de 7 años continuos de que no estamos en una trayectoria sostenible de la deuda”, explicó el especialista de México Evalúa.

La propuesta de Paquete Económico 2026 refiere que 2025 y 2026 serán dos años más en los que el gasto para intereses de la deuda será mayor al destinado a inversión en infraestructura; para este año se prevé una distancia de 532,247 millones de pesos, y para el siguiente de 611,973 millones.

“Este patrón refleja que una parte creciente de los recursos públicos se destina al pago de intereses, desplazando la inversión y otros gastos prioritarios”, como salud, cuidados y pensiones, en medio del aumento en la demanda de bienes y servicios públicos de una población cada vez más envejecida”, refirió el análisis Implicaciones del Paquete Económico 2026, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

De 2021 a 2025, el costo financiero de la deuda pública ha crecido en promedio 13.1% anual, al pasar de 2.1% del PIB a 3.5%, lo que representa un incremento acumulado de 68.3 %. Para 2026, se proyecta un aumento adicional de 9.4 %, equivalente a 1.6 billones de pesos, o 4.1% del PIB.

“Este gasto ineludible (costo financiero) se mantiene como uno de los componentes de mayor expansión, desplazando a otros rubros del presupuesto. Hacia 2031, bajo supuestos de menor tasa de interés y crecimiento cercano a 2% anual, el costo financiero se moderaría a 3.1 % del PIB.

Sin embargo, persisten riesgos asociados a la transición demográfica, la baja productividad y la caída en la producción petrolera. En este contexto, la sostenibilidad fiscal y la equidad intergeneracional son elementos centrales para garantizar estabilidad y espacio fiscal en el mediano y largo plazo”, destacó el CIEP.

Si bien se anticipa que el crecimiento económico contribuya a compensar el costo financiero de la deuda, este se apoyaría en un aumento cercano a 2% anual del PIB. No obstante, aun con dicho crecimiento, la productividad laboral seguiría por debajo de la observada en 2005, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional, resaltó.

Equivalencias

La diferencia entre deuda e inversión al cierre de agosto de 311,041 millones de pesos, es equivalente al doble del presupuesto planteado para el cierre de este 2025 para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; 21 veces para la Secretaría de Cultura o 5 veces el presupuesto para la Secretaría de Salud. Es apenas, 10,859 millones menos que el ajuste o subejercicio que aplicó Hacienda al gasto público al cierre de agosto por 321,900 millones .

“La responsabilidad se traslada a las futuras generaciones, quienes deberán sostener dichos servicios con menor inversión física y financiera, pero con una productividad mayor a la observada. En este contexto, la sostenibilidad fiscal y la equidad intergeneracional deberían incorporarse en las proyecciones de deuda para atender los retos fiscales de mediano y largo plazo, tanto en ingresos como en gastos, incluido el costo financiero de la deuda”, advirtió el CIEP.

Cierre de gobierno de Estados Unidos impacta aduanas y visas en el corto plazo en México.

El cierre de gobierno amenaza con impactar los mercados financieros y que las aduanas de EU con México operen más lento, lo cual a su vez ralentizará el flujo de mercancías y de pagos.

La parálisis presupuestaria del gobierno de Estados Unidos llegó a su séptimo día este martes sin que haya visos de una pronta solución, lo cual genera incertidumbre entre empresas mexicanas y personas que tengan relaciones directas con sus pares estadounidenses.

Tanto demócratas como republicanos amenazan con prolongar esta situación en momentos en que el presidente Donald Trump asegura que comenzaron los despidos de empleados federales. Cada bando se aferra a sus posiciones y se culpa mutuamente desde el inicio el 1 de octubre del denominado "shutdown".

Blanca Algarra Alba, maestra en Estudios Internacionales y profesora del Tec de Monterrey, comenta que las personas que estén esperando una resolución legal o beneficios de programas directos del presupuesto estadounidense sí enfrentarán afectaciones por el retraso de sus documentos o recursos.

Explica que el cierre es un problema político interno de Estados Unidos, y que lo que va a suceder es que el presidente Trump declare muchos programas o servicios del gobierno como no esenciales, por lo que procedería a su cancelación.

“Trump ahorita está diciendo ‘es que los demócratas cerraron el gobierno’, pero también tiene que ver con que ninguno de los dos bandos está cediendo en algo que consideran fundamental para sus principios políticos. Entonces es una forma de ejercicio del poder. Están en una pelea de qué políticas públicas pueden continuar o no”, dijo la especialista en entrevista.

La semana pasada, la Embajada de EU en México anunció que seguiría operando conforme a lo programado, aunque advirtió que su cuenta en X dejaría de actualizarse y que los interesados deberían entrar a su página web para solicitar cualquier aclaración particular.

Impacto en aduanas

Martín Pustilnick, Co-Founder y CEO de la consultora en comercio MUNDI, dice que el cierre de gobierno también puede generar impacto en los mercados financieros y que las aduanas de Estados Unidos con México operarán más lento, lo cual a su vez ralentizará el flujo de mercancías, los pagos con impacto en los inventarios.

El especialista añade que los alimentos son uno de los rubros que más se verían afectados porque los productos tienden a caducar de una manera más rápida a comparación del automotriz, textil o electrónico: “Es grave porque te retrasa los inventarios y te puede retrasar los pagos (...) Me preocuparía más si estuviera en el mundo de los perecederos”.

Pustilnick sugiere a las empresas afectadas atender los temas logísticos para confirmar la necesidad de programar envíos o pactar entregas en otros horarios, así como mantener una comunicación constante con los socios de ambas partes de la frontera.

En el primer trimestre del año, las exportaciones agroalimentarias de México sumaron 6,648 millones de dólares (mdd) frente a las importaciones de 4,631 mdd. Ambos indicadores tuvieron reducciones de 1.2% y 10.8% respectivamente frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo a información de la Secretaría de Agricultura.

¿Cierre extenso?

Ambos entrevistados dudan de una pronta solución al cierre de gobierno, aunque descartan afectaciones en el largo plazo.

“A corto plazo obviamente genera volatilidad y la volatilidad es mala para las empresas porque no pueden planear. Pero yo creo que el impacto en México, que obviamente 85% de la exportación es hacia EU y si lo miramos en 10 meses, sea de alta importancia”, afirma el directivo de MUNDI.

“El gobierno mexicano en realidad no puede hacer mucho porque son servicios los que otorga el gobierno norteamericano”, dice, por su parte, la profesora del Tec de Monterrey, quien descarta que haya un pronto recorte a la calificación de deuda soberana a ese país por las tensiones políticas que atraviesa.

¿Qué se necesita para levantar el cierre de Gobierno?

Hasta este 6 de octubre se han realizado seis votaciones para reabrir el Gobierno. Para que esto suceda, se necesita un total de 60 votos, por lo que los republicanos requieren de 7 votos demócratas para pasar el proyecto de ley.

Revisión del T-MEC reaviva reclamos del autotransporte por libre tránsito y reglas claras.

La revisión del tratado reabre pendientes para el transporte de carga, desde permisos del DOT hasta nuevas reglas sobre idioma, homologación aduanera y libre tránsito transfronterizo.

La revisión en puerta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene en alerta no solo a los sectores industriales, sino también a quienes sostienen la logística de ese intercambio: los transportistas de carga, un gremio que busca ganar visibilidad dentro de las negociaciones para garantizar reglas claras que no obstaculicen su operación, especialmente ante nuevas medidas en Estados Unidos que podrían complicar su acceso al mercado.

Las alarmas se encendieron el pasado 28 de abril, cuando Donald Trump, nuevamente en la presidencia estadounidense, firmó un decreto para imponer el inglés como idioma obligatorio a los transportistas mexicanos que operan en carreteras de ese país. La medida, sin embargo, no ha tenido claridad en su aplicación.

“Primero dijeron que los operadores mexicanos que transitan en carreteras estadounidenses deberían de hablar inglés, y luego el Departamento de Transporte dijo que quienes solo hacían cruces no debían cumplir con esta medida, pero ahora resulta que sí. No hay claridad en lo que ellos están diciendo”, comenta Manuel Sotelo, vicepresidente de la Región Norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Aunque se trata de una orden de carácter federal, el sector mexicano ve en la revisión del T-MEC una oportunidad para dar certeza jurídica a esta disposición, particularmente por el nivel de integración que existe entre las cadenas productivas de ambos países.

Martín Rojas, representante en América de la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), considera que el tema del idioma debe resolverse de manera estructurada dentro del propio tratado. “Se debe simplificar y definir bien. Esto implica que lo que debemos de tener es un proceso claro, que no haya discrecionalidad, que haya mejor coordinación incluso entre las entidades del autotransporte, porque afecta de manera local, estatal, federal. Esto debe de hacerse de una manera más coordinada, y también dedicar más recursos a ese tipo de capacidades”, señala.

Pero el idioma no es el único frente abierto. El sector también reclama la falta de implementación de los compromisos contenidos en el capítulo 7 del T-MEC, dedicado a la facilitación del comercio, que supuestamente debía garantizar el libre tránsito de transportistas certificados entre los tres países.

Permisos del DOT, un obstáculo histórico

Sotelo recuerda que la apertura de rutas transfronterizas fue uno de los temas más debatidos durante la negociación del antiguo TLCAN, cuando se aprobaron programas piloto para permitir el ingreso de camiones mexicanos a Estados Unidos. Sin embargo, casi tres décadas después, el avance es marginal.

“Nunca ha sucedido. De hecho, solo nueve empresas mexicanas tienen el permiso para entrar a Estados Unidos, lo que se le conoce como el servicio largo… Los americanos difícilmente nos permitirán que andemos en las carreteras de Estados Unidos, eso no ha sido hasta ahora. Es muy complicado obtener los permisos del DOT para que nosotros ingresemos, tan es así que del 96 (cuando entró en vigor el TLCAN) a la fecha, solo nueve empresas pueden cruzar hacia Estados Unidos”, expone.

El acceso limitado al mercado estadounidense refleja, para los transportistas, una falta de reciprocidad. Mientras decenas de empresas norteamericanas operan libremente en territorio mexicano, sus contrapartes enfrentan un laberinto regulatorio que se traduce en mayores costos y tiempos de espera.

A ello se suma otro incumplimiento: la falta de homologación de procesos aduaneros y logísticos entre los países socios. El T-MEC preveía la creación de una “ventanilla única regional” que simplificara la gestión fronteriza, pero este sistema nunca se concretó.

“Eso ya estaba dentro del T-MEC, pero la verdad es que no se implementó. No tenemos una ventanilla única regional o por lo menos bilateral, entonces ese es uno de los temas, todos los procesos que no se han llevado a cabo, que se prometieron en el T-MEC y que deberían de estar ya implementando”, comenta Rojas.

La falta de coordinación se ha hecho evidente cada vez que surgen tensiones políticas o comerciales. En octubre de 2023, por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, impuso “inspecciones exhaustivas” a los camiones procedentes de México, lo que elevó los tiempos de cruce de dos a doce horas y paralizó parcialmente el flujo de mercancías.

Aunque la medida fue de carácter local, sus efectos trascendieron a nivel federal. “Cuando se trata de un cruce internacional, ya no es un asunto estatal, es interestatal. Por eso creemos que en esta revisión del T-MEC se debe definir cómo se manejarán estas situaciones en el futuro”, apunta Rojas.

La incertidumbre regulatoria genera un efecto dominó en toda la cadena de valor. Las demoras en frontera afectan los tiempos de entrega, encarecen el transporte y restan competitividad a las exportaciones mexicanas, particularmente en sectores como el automotriz, electrónico y agroindustrial.

Los transportistas argumentan que la revisión del T-MEC debería no solo revisar los compromisos incumplidos, sino también incorporar nuevas disposiciones que fortalezcan la logística transfronteriza, como infraestructura tecnológica, mejores mecanismos de seguridad y esquemas de capacitación.

Al interior del gremio, la expectativa es que el nuevo acuerdo preserve la integración lograda en los últimos 30 años, pero con reglas más equilibradas. “Lo que necesitamos es certeza operativa. Que se pongan las normas y las leyes necesarias para cumplir con ello, porque teniendo la certeza operativa está bien. Que pongan las normas y las leyes que quieran, y cumpliremos con ello, lo haremos, pero que haya seguridad en cómo se van a comprender”, dice Sotelo.

Más del 80% del comercio bilateral entre México y Estados Unidos se mueve por carretera. Cualquier modificación en las reglas del juego repercute directamente en la competitividad de ambas naciones.

De ahí que la revisión del T-MEC, más que un proceso técnico, se perfila como una oportunidad política para afianzar la relación logística entre los tres países. Los transportistas mexicanos, que llevan tres décadas esperando un trato recíproco, buscan ahora que su voz se escuche en las mesas de negociación.

Mientras tanto, la industria sigue rodando entre fronteras y reglamentos, sosteniendo el comercio norteamericano en medio de barreras lingüísticas, burocráticas y políticas que esperan una definición en los próximos meses.

Trump anuncia los primeros despidos por el cierre del gobierno de EU.

Los republicanos advierten que las consecuencias de la parálisis presupuestaria serían cada vez peores, mientras lo demócratas se niegan a ceder.

Las consecuencias de la parálisis presupuestaria en Estados Unidos serán cada vez más dañinas advirtieron el domingo dirigentes republicanos, mientras el propio presidente Donald Trump anunció el inicio de los primeros despidos.

Con los demócratas que se niegan a ceder en el tema de subsidios en el presupuesto para servicios de salud del gobierno, la Casa Blanca dice que se están finalizando los planes para el despido de miles de trabajadores federales.

"Está ocurriendo justo ahora. Es todo por culpa de los demócratas", dijo Trump en referencia a los despidos ante periodistas en la Casa Blanca.

El presidente ha blandido la amenaza de despidos desde el inicio del bloqueo presupuestario el miércoles, mientras republicanos y demócratas se culpan mutuamente.

Este "shutdown", que entrará el lunes en su segunda semana, aún no muestra señales de una solución y el líder republicano volvió a culpar a los demócratas el domingo: "Los demócratas están causando la pérdida de muchos empleos", dijo.

Desde su infructuosa reunión en la Casa Blanca el lunes, los principales líderes demócratas y republicanos en el Congreso no se han reunido, según un alto funcionario demócrata.

"Si el presidente cree que las negociaciones no van a ninguna parte, entonces comenzarán los despidos", dijo este domingo en CNN Kevin Hassett, el principal asesor económico de Trump.

"Mantenemos la esperanza de que con un nuevo comienzo a principios de esta semana, podamos convencer a los demócratas de que el sentido común es evitar tales despidos", añadió.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, reconoció a su vez que ambas partes seguían en punto muerto y sugirió que más trabajadores estadounidenses pagarían las consecuencias.

"Esto se va a poner incómodo", insinuó en Fox News, al tiempo que confirmaba que continuaban las conversaciones entre bastidores sobre una posible extensión de los subsidios de "Obamacare", el programa de seguro médico para la clase trabajadora aprobado durante la presidencia del demócrata Barack Obama.

¿Cuánto tiempo puede durar este impasse, sin precedentes en siete años? "Mientras los demócratas lo quieran", respondió Thune.

En marzo, cuando la amenaza de un cierre gubernamental ya se cernía sobre el gobierno, los demócratas fueron los primeros en ceder, y una minoría acordó votar una resolución republicana que mantenía estos subsidios solo por seis meses.

"Si los republicanos continúan negándose a extender las exenciones fiscales" de Obamacare, "decenas de millones de contribuyentes sufrirán un aumento drástico" en sus costos de atención médica, declaró en NBC Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

Cientos de miles de empleados públicos "no esenciales" han sido suspendidos desde el miércoles y no reciben su salario.

A menos que sean despedidos, su situación debería regularizarse al final de este "cierre", una situación sumamente impopular que duró 35 días durante el último episodio, bajo la primera presidencia de Donald Trump.