NOTICIAS DEL DÍA (09 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

Con impuestos a refrescos, tabacos y gamers, Hacienda quiere reducir el déficit.

La propuesta de Paquete Económico 2026 también afila los dientes al SAT y establece una aportación histórica de los contribuyentes al erario público.

México celebrará el Mundial de Futbol 2026 con un mayor impacto en el bolsillo de sus ciudadanos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apuesta por incrementar los ingresos públicos conajustes a impuestos a refrescos, cigarros y apuestas; gravámenes a videojuegos violentos; un refuerzo a las retenciones de quienes venden bienes y servicios en plataformas digitales, y a las FinTech, que actúan como intermediarias, como Airbnb; además de un Servicio de Administración Tributaria (SAT) con más facultades y mano dura.

"Los ingresos tributarios serán la columna vertebral, gracias al combate a la evasión, la digitalización y la modernización del marco fiscal", señaló Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, en una tardía entrega de la propuesta del Paquete Económico 2026 en la Cámara de Diputados, la cual estaba programada para las 18:00 horas del lunes 8 de septiembre, fecha límite, y terminó reprogramándose a las 22:30 horas.

De acuerdo con la propuesta de Hacienda, los ingresos públicos totales sumarán 8.7 billones de pesos, de los cuales 5.8 billones provendrán del pago de impuestos, es decir, 67% del total estimado.

Hacienda espera que los ingresos por cobro de impuestos aumente 5.7% real respecto al cierre estimado de 2025, y alcanzará un máximo histórico de 15.1% del Producto Interno Bruto de México.

"El crecimiento de los ingresos se explica principalmente por un aumento en el componente de importaciones de 40.7% real, si bien también influirán incrementos de 2.5 y 3.6% real anual en la recaudación por conceptos del ISR y el IVA, respectivamente. "En su comparación con los ingresos programados en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, se estima que los ingresos tributarios serán mayores en 357,100 millones de pesos, es decir, en 6.5% real anual", detalló Hacienda.

Más carga de impuestos para refrescos y tabaco

Para lograr estos incrementos en los ingresos, y así contribuir a reducir el déficit fiscal de 4.3% del PIB al cierre de 2025, a 4.1% del PIB para 2026, en una economía que crecerá entre 1.8% y 2.8%, y con presiones por un costo de la deuda y pensiones que rebasarán los 2.8 billones de pesos, Hacienda propone cambios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a productos cuyo consumo es nocivo para la salud.

Entre los cambios más visibles están los llamados “impuestos saludables” que implican subir la cuota IEPS a 3.08 pesos por litro en bebidas saborizadas, incluso aquellas con endulzantes artificiales; este es un aumento significativo si se considera que en 2025 la cuota aplicada es de 1.64 pesos por litro.

A los cigarros se les aplicará un aumento histórico. La tasa ad valorempasará de 160% a 200%, habrá incrementos graduales en la cuota específica hasta 2030 y se incluirán productos como las bolsas de nicotina. Los tabacos hechos a mano también pagarán más, con un alza de 23% a 32%, propone Hacienda.

La aplicación del IEPS a productos que dañan la salud, tiene el objetivo de desincentivar su compra, además de generar ingresos para la prevención y cuidado de enfermedades generadas por su consumo.Al no ser etiquetados estos recursos, no se tienen la garantía de que se vayan a fondos para la salud, además de que su consumo no se ha visto afectado.

Instituciones como Fundar y CIEP consideran que la carga tributaria actual a este tipo de productos es insuficiente para inhibir su consumo.

Amador Zamora reiteró que estos cambios tendrán dos objetivos: incentivar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados al tratamiento de las enfermedades vinculadas con el consumo de estos productos.

Grávamenes a videojuegos y apuestas

Pese a la promesa de no aumentar o aplicar nuevos impuestos, el proyecto de Paquete Económico propone un IEPS de 8% a videojuegos con contenido violento, y elevar de 30% a 50% el impuesto a los juegos con apuestas.

Más dientes al SAT

Además de estas medidas enfocadas en la salud. El paquete fiscal "establece mecanismos orientados a ampliar la base tributaria mediante herramientas digitales que faciliten el cumplimiento, la simplificación de trámites, la modernización de las aduanas y la prevención, detección y sanción de la evasión fiscal".

Uno de los cambios más llamativos es la facultad que se otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para tener acceso permanente y en tiempo real a la información de las plataformas digitales, incluidas de streaming, comercio o intermediación.

En caso de incumplimiento, la autoridad podrá bloquear temporalmente los servicios de estas compañías. A ello se suma la ampliación de su capacidad de verificar cuentas en cualquier entidad financiera, no solo en bancos, con la finalidad de revisar la capacidad contributiva de los pagadores de impuestos.

La propuesta elimina la referencia exclusiva a “estados de cuenta bancarios” en el Código Fiscal, pues resultaba limitante frente a la transformación del sistema financiero tras la Ley Fintech de 2018, detalló Hacienda.

Nuevos delitos

También se incluye un endurecimiento del marco penal y propone crear un nuevo delito de falsedad en declaraciones o documentos fiscales, con penas de tres a seis años de prisión. Esto con el fin de frenar el abuso de los medios de defensa. Se amplían los supuestos de contrabando en comercio exterior y en la venta de cigarros sin códigos de seguridad, con sanciones de cinco a ocho años de cárcel. Se equipara al contrabando la certificación falsa de origen de mercancías, clave en acuerdos comerciales como el T-MEC.

Contra factureras

También se propone redefinir lo que se considera un comprobante fiscal falso. Ahora propone considerar no solo los apócrifos, sino también aquellos que amparan operaciones inexistentes o irreales.

De este modo, el SAT podrá suspender de inmediato la capacidad de emitir facturas cuando detecte irregularidades, e incluso publicar los nombres de los emisores de comprobantes falsos. Los receptores de estas facturas tendrán 30 días para autocorregirse o arriesgarse a perder temporalmente su sello digital.

Pemex obtiene mayor respaldo fiscal mientras CFE enfrenta ajuste presupuestal.

A pesar del aumento del 7.7% para Pemex, especialistas señalan que los recursos son insuficientes, mientras CFE enfrenta leve recorte y aprovecha mecanismos de financiamiento complementarios.

El rescate financiero y operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) requiere recursos, y la Secretaría de Hacienda lo sabe. En su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como parte de la presentación del Paquete Económico 2026, presentado este lunes hasta las 22:30 horas ante la Cámara de Diputados, señala que la petrolera mexicana podrá recibir el próximo año un 7.7% de presupuesto adicional, en términos reales, al aprobado para el ejercicio fiscal de este año.

Según el documento de Hacienda, se darán a la empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla un total de 517,362 millones de pesos en 2026, si así lo aprueban los legisladores, cifra superior a los 464,255 millones de pesos que le otorgaron para 2025.

Para el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presupuesto tendrá un decremento del 1.8% al considerar las cifras en valores reales que apunta el documento. Pasará de los 545,417 millones de pesos que se asignaron para el año en curso a 554,567 millones de pesos que se pretenden otorgarle el próximo año. Con dicha cantidad se estima poder impulsar a la eléctrica estatal para cumplir con sus planes de reforzamiento del sistema eléctrico nacional y atender las necesidades de electricidad en el país. Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC, explicó que, aunque el gasto programable de Pemex registra un aumento, la cifra sigue siendo insuficiente para cubrir todas las necesidades financieras y operativas de la empresa.

“Absolutamente se queda corto. La realidad es que esto no alcanza ni para incrementar la producción petrolera, apenas para obras de mantenimiento; los números simplemente no dan”, señaló.

En el caso de la CFE, los recursos asignados se mantienen prácticamente sin cambios, aprovechando la oportunidad de los mecanismos de financiamiento que tiene la empresa.

“CFE, a diferencia de Pemex, cuenta con muchos mecanismos de financiamiento: tiene el fideicomiso maestro, así como créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, que complementan la inversión que se le está otorgando”, apuntó.

Y continuarán las aportaciones

Los apoyos de la federación a las empresas públicas no terminarán allí. Para Pemex, el Proyecto de Presupuesto 2026 contempla transferencias del Gobierno federal por 263,500 millones de pesos, destinados al pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios adquiridos en años anteriores. “Este apoyo está condicionado a que Pemex mejore su balance financiero en la misma magnitud, lo que asegura que la operación no tenga impacto en el déficit del sector público, dado que las amortizaciones de deuda se registran como reducción de pasivos y no como gasto presupuestario”, indican los precriterios de política económica 2026.

En tanto, para la CFE se estiman transferencias por 87,800 millones de pesos, destinadas a impulsar el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.

¿Qué es el huachicol fiscal, cómo funciona y cómo afecta a México?.

Las personas que cometen el delito de huachicol fiscal están sujetas a castigos. Tras la detención de integrantes de una red criminal, te detallamos las sanciones que se prevén.

Tras la detención de una red dedicada al robo y venta ilegal de combustible, conocido como huachicol, y en la que se detuvo vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, regresa a la escena pública el tema del huachicol fiscal, delito que se castiga conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

A mediados de 2025, el gobierno de Donald Trump, acusó que cárteles mexicanos vendían combustible robado en Estados Unidos, por lo que urgió a su homóloga de México, Claudia Sheinaum, combatir este delito.

“Con el presidente López Obrador se avanzó mucho y nosotros estamos dando continuidad y logrando investigar a grupos delincuenciales, que también tienen la otra parte, que es donde venden ese combustible robado. Entonces las investigaciones continúan”, detalló el 30 de junio de 2025 en la “Mañanera del Pueblo.

¿Qué es el huachicol fiscal?

La embajada de Estados Unidos en México, explicó que el huachicol fiscal es la importación y venta ilícita de hidrocarburos evadiendo impuestos.

En julio de 2025, EU acusó a los cárteles mexicanos por trasladar el crudo mexicano en camiones o ductos clandestinos de manera ilegal a su país para refinarlo.

Después de dicho proceso, añade, el combustible se exporta a México con documentos falsos, utilizando empresas fachadas para ingresarlo, y termina en gasolineras mexicanas que lo venden como legítimo.

Así funciona el huachicol fiscal

1.- Robo y traslado: Cárteles transportan crudo mexicano a Texas, EU, por ductos o camiones. 2.- Lavado: Los cómplices intermediarios lo legalizan y lo venden a refinerías en EU. 3.- Refinado y Exportación : El combustible se refina y se exporta de nuevo a México de manera oculta o con mal etiquetado. 4.- Fraude aduanal: Falsifican documentos y usan empresas fachadas para pasar el producto. 5.- Venta al público: El combustible llega a algunas gasolineras mexicanas y se vende como legítimo.

¿Cómo afecta a las finanzas el huachicoleo fiscal?

La doctora Gloria Rocío Estrada Antón, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que de las principales consecuencias para México es que, por ejemplo, cuando ingresa diésel en vez gasolina, es que no se paga el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que conlleva a que no existen datos claros y por lo tanto, afecta la recaudación de impuestos en las aduanas.

“Si se deja de recaudar lo correspondiente al gasto público hay menos claridad en la información energética, sobre los datos de importación, por ejemplo, lo que deriva en la toma de decisiones en la política energética del país”, explicó en entrevista con Expansión.

¿Cómo se castiga el huachicol fiscal?

El artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece que sustraer hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos o instalaciones puede acarrear de 20 a 30 años de prisión, junto con una multa de 20,000 a 25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Por consiguiente, la multa va de los 2 millones 262,800 pesos hasta los 2 millones 828,500 pesos. Sin embargo, las sanciones pueden aumentar dependiendo las instancias que estén involucradas.

“Si es en la vía de la administración tributaria, el encargado de revisar las sanciones es el Servicio de Administración Tributaria, que es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, refiere la especialista.

Además, también se establece en la Ley Orgánica de la Administración Federal y en el reglamento del SAT.

“En caso de huachicoleo fiscal, la ley arancelaria debe formular una querella para que la autoridad correspondiente, en este caso, la Fiscalía General de la República, investigue el hecho y establezca la sanción correspondiente, que implicaría la pérdida de la libertad”, refirió. Regularmente, en las redes del huachicoleo, hay colusión entre los trabajadores aduanales con integrantes del crimen organizado, por lo que el caso de los detenidos por traficar más de 10 millones de litros de combustible,robados el pasado mes de marzo en Tampico, Tamaulipas, las penas se incrementan al ser servidores públicos y/o integrantes de la Secretaría de Marina.

Gobierno da descuentos para cobertura telecom, pero deja caro el espectro 5G.

La iniciativa de Ley de Ingresos plantea incentivos para cobertura, aunque mantiene altos costos del espectro que presionarán al sector y al T-MEC.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum crecerá la cobertura en el sector de las telecomunicaciones, pues la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2026 propone que el espectro radioeléctrico para habilitar servicios móviles tenga descuentos.

A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno determinó que los operadores de telecomunicaciones puedan adquirir bandas espectrales a un menor costo, a cambio de dar cobertura en zonas que aún no cuentan con conectividad y abatir la brecha digital.

La medida, sin embargo, aún no especifica montos ni porcentajes exactos de los descuentos, ya que serán definidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y Hacienda, conforme a los lineamientos de cobertura de zonas geográficas que determine la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el nuevo regulador de la industria. La propuesta también contempla la adición del artículo 244-K a la Ley Federal de Ingresos, que no aparece aún en la versión vigente de la ley, pero que establecerá el marco legal para aplicar dichos incentivos bajo ciertos criterios de cobertura geográfica y cumplimiento de obligaciones por parte de los operadores. Además se contempla que pequeños operadores accedan a bandas de espectro de rubro social lo que implica que no pagarán contraprestaciones por el insumo, tal como estipulaba la anterior Ley de Telecomunicaciones. “Se trata de una medida estratégica dentro del proceso de reforma, orientada a enfrentar uno de los mayores retos de la era digital: garantizar el acceso universal a internet como un derecho fundamental, imprescindible para el ejercicio de otros derechos como la educación, salud, trabajo y participación ciudadana”, detalla la iniciativa. La propuesta establece que los incentivos serán aplicables a quienes ofrezcan cobertura en zonas marginadas, lo que sugiere que podrían estar orientados a modelos como el de Altán Redes. El negocio de la empresa se centra en llevar conectividad a regiones desatendidas, por lo que la compañía estaría en posición de acceder a los descuentos contemplados en la norma. La compañía busca acceder a bandas espectrales como la 2.5 GHz para dar paso a la quinta generación de redes, pero lo ha postergado por las inversiones que requiere. Mientras que los operadores comerciales tienen una vocación de desplegar redes de telecomunicaciones en zonas urbanas debido a que su modelo de negocio se enfoca a ciudades más densificadas, es decir, de mayor población.

Redes para industrias

La administración federal busca que industrias como la tecnológica se sume a la compra de espectro radioeléctrico. En la Iniciativa de Ingresos se propone crear la figura redes de radiocomunicación inteligente que se enfocará para las necesidades de las industrias como la minera, portuaria, manufacturera, entre otras. Con esto se pretende que firmas como Huawei, Ericsson o Nokia, accedan a bandas espectrales para desplegar redes privadas, que toman mayor relevancia dentro de las empresas al permitirles mantener la confidencialidad de la información, un acceso remoto seguro y optimizar el uso de recursos. Esta propuesta fue incluida para la subasta IFT-12 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero en su momento fue criticada por operadores como AT&T, al señalar que limita las líneas de negocio para las empresas de telecomunicaciones que en este momento buscan rentabilizar su negocio.

Mantienen precios altos del espectro

A pesar del incentivo propuesto y de la intención del gobierno de abrir la entrada a nuevos jugadores al mercado del espectro, el costo de las bandas se mantendrá en 2026 en los mismos niveles que este año.

Esto significa que las frecuencias radioeléctricas no actualizarán sus precios conforme la inflación para el ejercicio del próximo año, manteniendo a México como el país más caro de Latinoamérica para la adquisición de este insumo, indispensable para el despliegue y costos de productos de telefonía e internet móvil para usuarios finales.

En la industria de telecomunicaciones había expectativa de un cambio de fondo con la llegada de Carlos Lerma a la Subdirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, dada su experiencia previa como jefe de Altán Redes, donde vivió de primera mano las dificultades operativas y financieras que implica acceder a bandas de espectro en México.

El país ligará cuatro años consecutivos en que las frecuencias de espectro no se encarezcan por causa de la inflación, pero se mantienen los mismos criterios para definir las contraprestaciones y los pagos anuales de derechos por la explotación de las frecuencias. Para los usuarios esta situación impide reducir el costo de los servicios de telefonía e internet móvil, mejorar la calidad de las redes y ampliar la cobertura. La asequibilidad del servicio móvil no depende únicamente de la competencia en el mercado, sino también de las decisiones regulatorias y fiscales que inciden directamente en la estructura de costos del sector, como es el precio del espectro.

En México, el pago total por uso de bandas de frecuencias se ubica entre 88% y 96% por arriba de la mediana internacional, Esta situación se traduce en que los operadores como Telcel destine el 5.7% de sus ingresos anuales para el pago de derechos por el uso del espectro, mientras que AT&T el 17.1%, es decir, tres veces más que la subsidiaria de América Móvil, según información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La decisión llega en un momento especialmente delicado para la industria. Telefónica México se encuentra en medio de pláticas para vender su operación, ya que solo operaba como un Operador Móvil Virtual (OMV), al haber renunciado a todas sus bandas de espectro por la carga financiera que ya representaba para su operación.

A esta situación se suma la creciente inquietud por una posible venta de la operación mexicana de AT&T, impulsada por un entorno de problemas de competencia y los elevados costos del espectro.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), ha señalado que los altos precios del espectro en México representan una barrera significativa para el crecimiento de empresas como AT&T, lo que refuerza la percepción de que las condiciones actuales limitan la expansión y sostenibilidad del sector de telecomunicaciones en el país.

La observación de la USTR cobra mayor relevancia en vísperas de la revisión del T-MEC, prevista para comenzar este mes, donde el tema del espectro podría colocarse sobre la mesa.