Después de amenazar a China el viernes con un "aumento masivo" de aranceles, Trump afirmó el domingo en sus redes sociales que Washington no quería dañar a Beijing.
El peso mexicano se apreciaba el lunes después de dos sesiones de pérdidas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, matizó la retórica de su nuevo embate arancelario contra China.
La moneda MXN= cotiza en 18.48 por dólar, con una ganancia de 0.5%. En las dos jornadas anteriores sumó un retroceso de 1.3%. Después de amenazar a China el viernes con un "aumento masivo" de aranceles , Trump afirmó el domingo en sus redes sociales que Washington no quería dañar a Beijing , aliviando preocupaciones de una escalada comercial entre los dos economías más grandes del mundo.
Bolsa mexicana sube
La bolsa mexicana avanzaba el lunes después de dos jornadas de pérdidas, en un mercado con la mira puesta en la publicación esta semana de los primeros reportes de la temporada de resultados del tercer trimestre. El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, ascendía un 0.89% a 61,108.81 puntos. En las dos sesiones previas acumuló un declive del 0.5%.
Un menor presupuesto para la función de turismo puede afectar la derrama económica que beneficia a proveedores de servicios.
Rumbo a las celebraciones del Torneo Mundial de Futbol 2026 en México, el gasto que se destina a las funciones de turismo y transporte reportan importantes caídas.
En el periodo enero-agosto, el gasto para transporte cayó 56.3%, el monto a la baja más pronunciado del que se tenga registro, frente a mismos periodos, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La baja de gasto en la función transporte obedece a la concentración de recursos del último año de la administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador para la culminación de obras insignia, además de la continuación de la política de austeridad fiscal del gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum la cual, en gran medida obedece a ajustes al gasto programable, el cual se enfoca a programas del gobierno federal y gastos de inversión.
“Frente a la celebración del Mundial en tres de las principales ciudades del país, la logística será esencial, toda la zona del aeropuerto de la Ciudad de México y del AIFA necesitarán de inversiones. El AICM para sostener sus operaciones en una mejor dirección, y el AIFA porque necesita conexión con la ciudad. También en Guadalajara está la necesidad de acelerar y adecuar obras que serán importantes”, comentó Jesús Carrillo, analista económico.
Por igual en la región metropolita de Monterrey se necesita acelerar la actividad para el metro que se está construyendo y ampliaciones de avenidas principales. “No obstante, si no se trabaja eso desde ahorita llegas tarde, porque no son proyectos que se puedan hacer en dos meses”, destacó el especialista.
Menos para turismo
En tanto, el gasto en turismo, el cual sirve para fomentar la actividad turística a través de inversión en infraestructura, la promoción de destinos y el apoyo a los servicios públicos relacionados, reportó una baja de 38%, el segundo más pronunciado después de que en 2021 se desplomara 49.1%. Esto puede traer implicaciones negativas para la derrama económica de este evento mundial, pues los visitantes, además de conocer las ciudades sede, pueden aprovechar el viaje al país para conocer destino de playas o ciudades coloniales.
“Si no hay condiciones, buena infraestructura en los negocios, los proveedores de alojamiento, entretenimiento, alimentación y servicios turísticos, podrían padecer falta de infraestructura adecuada, la cual es importante para que pequeños negocios tengan capacidad para atender a toda la multitud de visitantes que vamos a tener de todo el mundo”, apuntó.
El uso de drones en el país crece rápidamente, gracias a su uso en agricultura, pero también por el crimen organizado, lo que urge una regulación efectiva.
Los drones alcanzarán un valor de mercado en el país de 848,130 millones de dólares, implicando un incremento de 35.9%, respecto a los 39,470 millones de dólares, según la consultora Claight Corporation.
En 2019, la consultora Statista reportó 2,140 drones registrados en México, lo que representó un aumento superior al 2,000% respecto a 2016. La previsión para 2020 indicaba que este número se duplicaría, alcanzando cerca de 6,000 registros. Por lo que para 2025 incrementará de manera considerable.
El mercado de drones en México se expande y evoluciona rápidamente gracias a los avances tecnológicos. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y especialista en telecomunicaciones, explicó que el país ocupa el tercer lugar en América Latina en la utilización de drones industriales para este rubro, solo por debajo de Brasil y Argentina.
Los drones son aliados clave para optimizar procesos en el campo, desde la dispersión de fertilizantes hasta la vigilancia de cultivos en zonas de difícil acceso. Esto es posible, en buena medida, gracias al desarrollo de la infraestructura satelital, que es fundamental para operar drones en regiones rurales sin conexión terrestre o móvil.
Industrias como la agricultura incorporan a los drones en sus tareas al permitirles monitorear cultivos, medir los índices de vegetación para saber qué tan saludable está, cuyos factores toman mayor relevancia ante el avance del cambio climático.
En el país, por ejemplo, en entidades como Durango se impulsa una estrategia para utilizar drones para mejorar las cosechas y su productividad, e incluso reducir costos. Otras industrias que incorporan drones a sus operaciones es la construcción, la inspección de infraestructura, el monitoreo ambiental, la cinematografía, la vigilancia.
“Los drones han encontrado aplicaciones crecientes en medios de comunicación, espectáculos, minería, vigilancia portuaria e incluso en protección civil gracias a que están equipados con cámaras, sensores y conectividad, permiten el monitoreo en zonas donde el ser humano difícilmente puede llegar”.
El crimen organizado adopta el uso de drones
Sin embargo, el avance de los drones también ha implicado un lado oscuro. En México, esta tecnología ha sido adoptada por grupos criminales para actividades ilícitas. Bravo afirmó que el bajo costo, la facilidad de operación y la disponibilidad en el mercado facilitan que los narcotraficantes utilicen drones como armas o herramientas de espionaje.
Esta realidad ha encendido las alarmas sobre la urgencia de una regulación clara y efectiva, que contemple desde el registro de equipos hasta el control en su distribución y uso. Actualmente la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC), que forma parte de la Agencia Federal de Aviación Civil, es la encargada de registrar los drones en México.
En mayo, el senador Antonino Morales de Morena presentó una iniciativa para regular la adquisición y comercialización de estos artículos.
“La regulación empieza por la colaboración primero, con el diálogo, con las empresas que producen estos drones, no para uso militar, pero que se les puede eventualmente dar un uso de cualquier tipo, pues para que cuiden el control y no sea discriminatorio”, consideró el especialista.
En el país algunas de las empresas que comercializan drones son: SZ DJI Technology, VAK, BINDEN, AV3 AEROVISUALy Wingtra.
A medida que el uso de drones se generaliza, el reto será equilibrar su enorme potencial productivo y social con la prevención de usos indebidos que pongan en riesgo la seguridad pública. México se encuentra en un momento clave para decidir cómo regular, aprovechar e innovar con esta tecnología que, sin duda, ya forma parte del presente.
La discusión sobre el amparo no es un debate técnico que deba quedarse en las aulas de derecho. Es un asunto que toca la viabilidad de las empresas, la creación de empleos y la atracción de inversión.
La reciente reforma a la Ley de Amparo plantea un escenario que preocupa especialmente al sector empresarial. El amparo ha sido históricamente una herramienta que permitía reaccionar frente a actos de autoridad que ponían en riesgo la operación y continuidad de las empresas. Sin embargo, con los cambios aprobados, ese margen de defensa se reduce de manera considerable.
Uno de los aspectos más delicados es la obligación de agotar recursos administrativos antes de poder acudir al amparo. Esto puede sonar razonable en apariencia, pero en la práctica significa que una compañía tendrá que esperar a que la burocracia resuelva antes de poder pedir la intervención de un juez, incluso en casos urgentes como el congelamiento de cuentas bancarias o la cancelación de sellos digitales. A esta restricción se suma la supresión de la suspensión provisional y la virtual anulación de la definitiva, que solo podría concederse cuando el juzgador estime acreditada la licitud de los fondos.
El problema es claro: la autoridad quedaría facultada para bloquear cuentas de manera unilateral y sin control judicial efectivo, amparándose —o pretextando— su vínculo con operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. Este diseño colisiona con la Constitución y la jurisprudencia, pues de inicio obliga al ciudadano a demostrar la legitimidad de su patrimonio. En suma, ensancha la discrecionalidad y abre la puerta al abuso.
Finalmente, lo más preocupante es la retroactividad de la ley en los juicios de amparo. En términos coloquiales: “Es como firmar una hipoteca con condiciones claras y que, a mitad del plazo, el banco te diga: ‘qué crees, ahora aplican otras tasas y penalizaciones’.” El proceso comenzó con reglas determinadas y así debe concluir. Lo contrario instala incertidumbre jurídica y multiplica los riesgos.
Sin embargo, se vislumbra una posibilidad de reconsideración por parte de las y los diputados, quienes perfilan la eliminación de ese artículo. La moneda está en el aire, las comisiones de la Cámara de Diputados acordaron realizar audiencias públicas con la participación de especialistas, organizaciones y autoridades, para determinar el camino de este transitorio.
A modo de conclusión, la discusión sobre el amparo no es un debate técnico que deba quedarse en las aulas de derecho. Es un asunto que toca directamente la viabilidad de las empresas, la creación de empleos y la atracción de inversiones. Limitar el acceso a la justicia no fortalece a las instituciones, las debilita. En lugar de cerrar puertas, el Estado mexicano debería concentrarse en mejorar la eficacia de los procedimientos administrativos y en generar mecanismos de control más ágiles y transparentes.
La reforma, tal como está planteada, abre más preguntas que respuestas. Para los empresarios, la preocupación no radica en la teoría, sino en la práctica: ¿cómo seguir confiando en un sistema que les exige paciencia mientras les asfixia en el camino?
El conglomerado de Carlos Slim, Grupo Carso, mantiene su respaldo a Pemex en distintos proyectos, aunque lo hace a través de esquemas diseñados para minimizar el riesgo de sus propias empresas.
Carlos Slim parece ser el último optimista en torno a Pemex. Mientras contratistas y firmas internacionales recortan su exposición ante los atrasos de pago y el peso de la deuda, el empresario más rico de México ha decidido mantener su apuesta por la petrolera estatal, incluso reforzarla.
La firma del contrato entre la petrolera estatal y Grupo Carso para el desarrollo del campo Ixachi, en Veracruz —anunciada la semana pasada— no sorprendió tanto por el monto, 1,991 millones de pesos, como por lo que revela: una convicción persistente de que Pemex sigue siendo un socio estratégico, pese a los números en rojo y el deterioro financiero que arrastra.
¿Por qué seguir apostando por una empresa que acumula pasivos superiores a los 430,000 millones de pesos con proveedores y contratistas, y que enfrenta una deuda financiera total cercana a los 100,000 millones de dólares? La respuesta podría estar en la visión de largo plazo de Carso, es decir, posicionarse en un sector que, pese a sus riesgos, sigue siendo estratégico para el país y en modelos de contrato con la petrolera que no generan el mismo nivel de riesgo que para otros jugadores, según especialistas.
“Hay que encontrar una solución para que Pemex esté en una mejor posición”, dijo Slim hace unos meses, durante un evento por el Día del Ingeniero. En esa frase se resume parte de su postura: más que huir del riesgo, el empresario lo administra. “Hay que invertir más en producción que en exploración y que los privados produzcan más barriles de petróleo para mejorar la situación de Pemex”, añadió entonces.
En los últimos dos años, el grupo de Carlos Slim ha ampliado su presencia en el sector energético al concretar diversos contratos con Pemex para el desarrollo de proyectos estratégicos. Entre ellos destaca la compra del 49.9% en Talos Energy México, empresa encargada del desarrollo del campo petrolero Zama. Tras esta operación, formalizada en septiembre de 2023, Pemex alcanzó un acuerdo de operación conjunta (JOA) en el yacimiento marino.
En julio de 2024, Grupo Carso y Pemex Exploración y Producción firmaron un contrato de servicios integrales de exploración y extracción para desarrollar Lakach, el primer campo de gas natural en aguas profundas del país. La inversión estimada asciende a 840 millones de dólares, con el objetivo de maximizar el valor económico de las reservas de este yacimiento ubicado en el Golfo de México.
En septiembre de 2025, Grupo Carso suscribió un nuevo acuerdo con Pemex, a través de dos de sus subsidiarias, para la perforación de pozos en el campo Ixachi, uno de los proyectos más relevantes en producción de gas y condensados del país.
La estrategia de Slim: riesgos controlados y contratos garantizados
El grupo empresarial no busca convertirse en productor de hidrocarburos, sino en un actor estructural dentro de la cadena de servicios y financiamiento de Pemex, un rol que le garantiza presencia y contratos con riesgo acotado.
En el caso de Ixachi, por ejemplo, su participación no es un contrato mixto ni un acuerdo de producción compartida. Es un servicio de perforación financiado, en el que sus subsidiarias GMS Bronco y MX DLTA NRG 1 perforarán pozos durante tres años, con pagos diferidos hasta 2027. La lógica detrás de este esquema es que Pemex asume los riesgos técnicos, Carso asegura ingresos cuando los trabajos se entreguen.
Los especialistas consultados consideran que la postura del empresario es mostrar la incondicionalidad hacia la petrolera estatal a cambio de esquemas de participación con menores riesgos e incluso, en reparación de otros contratos que no se pudieron concretar como el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC, explica que el punto central de este nuevo contrato de servicios es que el pago no está vinculado a la producción. Las empresas realizarán las actividades o perforaciones que Pemex solicite y, sin importar el resultado, la petrolera deberá cubrir el costo de los trabajos ejecutados.
“¿Por qué entrar a un proyecto donde no se va a ganar dinero? Porque Carso estuvo involucrado en el aeropuerto del NAIM, el cual se canceló sin indemnizaciones, pero se está pagando con otros proyectos, y es ahí donde empieza a hacer sentido: contratos con asignaciones directas y cada vez más obras a realizar”, asegura Monroy.
El especialista señaló que este tipo de contratos no necesariamente resultan rentables para Pemex, ya que implican asumir mayores riesgos y costos sin poder condicionarlos al desempeño o a los resultados de producción de los privados. Sin embargo –dice–, tras la reforma energética del año pasado, Pemex perdió su vocación como empresa productiva y, al transformarse en una empresa de carácter social, se justifica la ejecución de proyectos o contratos que no necesariamente tienen sentido de rentabilidad.
Grupo Carso fue consultado sobre los motivos que lo llevan a seguir trabajando con Pemex y los negocios que mantiene vigentes, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.
El respaldo de Slim a Pemex en tiempos de incertidumbre
El campo Ixachi, donde Carso ahora opera, es uno de los activos más importantes de Pemex, con reservas estimadas en casi 2,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Produce alrededor de 93,000 barriles diarios de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, y es parte del plan para acercar a la petrolera a la meta gubernamental de 1.8 millones de barriles diarios.
“Carso está visualizando el modelo de negocios para sus empresas en el corto y largo plazo, donde la función es dar servicios a Pemex bajo la modalidad de contratos de financiamiento”, explica Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia. De esta forma, Carso será solo una empresa que prestará los servicios que Pemex solicite, sin responsabilidad de lograr una producción de hidrocarburos, y con un pago garantizado.
“¿Qué responsabilidad tiene Carso con la producción?, ninguna. ¿Con las reservas?, ninguna. ¿Con pagarle la utilidad a Pemex de cuando menos el 40%?, ninguna. ¿Tener que justificar costos?, ninguna. En un contrato mixto tendrían que destinar una considerable cantidad de dinero con alto nivel de incertidumbre y eso definitivamente no le conviene a Carso”, añade.
En otras palabras, Slim ha encontrado un punto de equilibrio en un terreno que otros consideran minado: permanecer en la órbita de Pemex, pero sin asumir sus riesgos más grandes.
Desde 2019, Grupo Carso ha incrementado su presencia en obras energéticas: ductos, plataformas, sistemas eléctricos y servicios técnicos. El conglomerado se ha convertido en un proveedor confiable, un papel que le ha permitido mantener el flujo de contratos incluso cuando la petrolera atraviesa su peor crisis de liquidez.
Para Pemex, la relación también tiene beneficios. Carso ofrece capacidad técnica, solvencia financiera y respaldo político. En tiempos de desconfianza del capital extranjero, mantener a un actor local de tal peso es una forma de sostener la narrativa de que la empresa sigue siendo atractiva para la inversión privada.