NOTICIAS DEL DÍA (17 DE OCTUBRE DE 2025)

Edulcorantes no calóricos: el punto clave para negociar los impuestos saludables.

En medio del debate sobre los efectos a la salud, el gobierno y la industria acordaron que las bebidas "light" pagarán 1.5 pesos por litro y no los 3.08 pesos que se propusieron originalmente.

Por primera vez, México aplicará un impuesto especial a las bebidas fabricadas con edulcorantes no calóricos, pero la tasa será menor, de 1.5 pesos por litro, a la impuesta a los refrescos. Estos productos y otros que contengan azúcar tendrán un arancel de 3.08 pesos por litro.

En medio del debate de los nuevos impuestos en la Cámara de Diputados, se acordó modificar la propuesta original de gravar por igual todas las bebidas saborizadas tras un acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Salud y la industria.

El impuesto a los edulcorantes, que había quedado fuera del gravamen vigente desde 2014, fue el punto que más movilizó a los distintos sectores involucrados y el que más debate suscitó debido a que el uso de los endulzantes de bajas calorías no cuenta con un consenso sobre sus efectos en la salud.

Hay voces que consideran que también pueden aumentar el riesgo de diabetes y que no previenen el sobrepeso a largo plazo. Mientras que el sector de bebidas y alimentos afirma que son una alternativa importante para sustituir los productos con altos niveles calóricos y niega que sean inseguros.

Las autoridades de salud, precisamente, apelaron a esos argumentos para negociar con la industria.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, afirmó que, a cambio de un impuesto menor, las empresas se comprometían a reformular sus productos para bajar su densidad calórica. Por ejemplo, Coca-Cola se comprometió a reducir en 30% el contenido calórico de sus bebidas.

La lucha contra la diabetes y obesidad

El objetivo final es reducir el consumo de las bebidas azucaradas asociadas con el desarrollo de enfermedades crónicas, explicó Eduardo Clark este jueves en una conferencia en la Cámara de Diputados, al dar a conocer el acuerdo antes del arranque de la discusión parlamentaria.

La obesidad y la diabetes son padecimientos con alta prevalencia en México y contribuyen a las principales causas de mortalidad.

“Hoy el nivel de enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas al sobrepeso, a los malos hábitos alimenticios, que se traducen en diabetes e hipertensión, nos tienen en una franca crisis de salud pública”, declaró.

El debate sobre los edulcorantes

La crisis de salud pública asociada al sobrepeso y obesidad es uno de los principales argumentos para imponer el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y por el que activistas, organizaciones no gubernamentales y especialistas en salud pidieron que también se gravaran las bebidas que contienen edulcorantes no calóricos. En 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó una revisión sistemática de la evidencia científica actual sobre los efectos en la salud de estos endulzantes artificiales y aunque citó algunos estudios observacionales los asocian con mayor riesgo de diabetes tipo 2, sostiene que no hay consenso claro sobre sus efectos.

"No hay un consenso claro sobre si los edulcorantes sin azúcar son efectivos para la pérdida o el mantenimiento de peso a largo plazo, o si están relacionados con otros efectos de salud a largo plazo”, señaló la OMS .

Hugo Laviada, endocrinólogo e investigador médico de la Universidad Marista de Mérida, afirma que no hay una comprobación de que sean dañinos mientras se usen dentro de los límites de ingesta diaria admitida. El experto explica que los estudios observacionales sugieren asociaciones, pero no necesariamente causalidad.

“La mayoría de los estudios no encuentran una relación entre el consumo de estos edulcorantes y el aumento de peso o el riesgo de enfermedades metabólicas”, indica.

Otra discusión es el sabor sumamente dulce de los edulcorantes, que se relaciona con mantener una dificultad para dejar de consumir estos productos. Al respecto, Laviada dice que son tan dulces que se debe consumir una cantidad muy pequeña.

El efecto de los impuestos

El endocrinólogo, Hugo Laviada, sostiene que tasar los edulcorantes limitará las opciones menos perjudiciales para las personas que buscan controlar sus niveles de azúcar, como los pacientes con diabetes.

Con él coincide Laura Miranda, coordinadora Regional para América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA por sus siglas en inglés), quien afirma que los endulzantes han sido la principal vía para reformular las bebidas y disminuir sus cantidades de azúcar y calorías.

Para ella, los impuestos aprobados desincentivarán la innovación detrás de los cambios en los ingredientes de los productos ultraprocesados.

“Los edulcorantes no calóricos son algunos de los ingredientes más exhaustivamente investigados en el mundo”

“Gravar estos productos podría ser contraproducente, ya que desincentivaría la innovación y reformulación de productos para reducir el azúcar”.**

La investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Arantxa Colchero, expone una perspectiva distinta. Con base en distintos estudios científicos, menciona que hay evidencia que demuestra que los impuestos son los que han llevado a que la industria reformule los productos.

La especialista explica que alrededor de 120 países tienen impuestos a las bebidas azucaradas y que esta política ha contribuido a reducir las ventas en un 15% promedio. En México, dos años después de aplicarse este arancel, las compras de bebidas se redujeron 7.6% y, a los cuatro años, 4.4% en promedio. Antes del impuesto de 2014, cada mexicano bebía una media de 179 litros de bebidas azucaradas. Para 2025 son 166 litros.

Empleo y negocios

De acuerdo con Arantxa Colchero, el gravamen no afectó a los hogares más pobres, tampoco disminuyó el empleo ni cerraron negocios pequeños. La industria de refrescos, que ofrece alternativas sin azúcar, como el agua embotellada, ha incrementado su consumo.

Al citar datos del INEGI, la investigadora dijo que el empleo en la industria de las bebidas aumentó un promedio mensual de 0.09% en el periodo post-impuesto.

Desde antes del gravamen, las familias con menores ingresos consumían menos refresco que los más ricos: un promedio de 3.7 y 5.6 litros respectivamente, justo por los costos. Tras el arancel, los hogares pobres redujeron su consumo en 11.7% y los ricos en 5.1%

Esto significa que el impuesto no afectó más a los pobres que a los ricos en su ingreso”

El SAT se vuelve el Big Brother de la economía digital.

La adición del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación ya detonó respuestas por parte de la industria, en la que se considera que hay vulneración de la privacidad.

La vida digital es, desde hace años, uno de los motores económicos del mundo, sin embargo, por esa misma característica algunos países han modificado sus leyes fiscales, y México sigue esta tendencia.

El artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados y en respuesta, la industria tecnológica alertó sobre los riesgos de privacidad que conllevará su aplicación, así como por el impacto que sufrirán los comercios.

La propuesta que se encuentra dentro del Paquete Económico 2026 obliga a todas las plataformas digitales, desde servicios de streaming hasta marketplaces y aplicaciones de movilidad, a “permitir al SAT un acceso permanente, en línea y en tiempo real” a sus sistemas internos “únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

En apariencia, la medida modernizaría la recaudación y previene la evasión de impuestos, pero en la práctica, advierten organizaciones y empresas, es un mecanismo de vigilancia masiva que coloca al Estado dentro de los servidores de la economía digital, sin controles judiciales claros ni límites técnicos verificables.

“Es una interferencia desproporcionada en los derechos fundamentales de la ciudadanía, el acceso en línea y en tiempo real es en sí mismo un acto de molestia sin garantías del debido proceso”, señaló Guillermo Malpica, director ejecutivo de AlianzaIn. Los derechos referidos son la privacidad de los usuarios, la protección de datos personales y un debido proceso y libertad de expresión.

Según el texto aprobado, el incumplimiento de esta obligación podrá derivar en el bloqueo temporal de los servicios digitales, lo que en términos operativos equivaldría a la suspensión de plataformas completas, algo que además vulnera la posición del país ante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC, que se discutirá en 2026.

La Alianza Latinoamericana de Internet (ALAI), que agrupa a empresas como Meta, Google, Amazon, Mercado Libre y TikTok, calificó esta disposición como una censura indirecta de plataformas digitales, pues el Estado podría restringir el acceso a servicios que millones de personas usan para comunicarse, informarse o hacer negocios.

“El bloqueo de estas plataformas no se equipara al de casinos o sistemas de apuestas; forman parte de un espacio cívico interconectado donde se ejercen derechos humanos”, advirtió por su parte Artículo 19. La Asociación de Internet MX puntualizó que las sanciones por incumplimiento pueden ser drásticas y directas y pueden significar la “muerte digital” temporal o permanente de plataformas digitales.

"Si el SAT, IMSS o Infonavit pueden ordenar el bloqueo del acceso al servicio digital, esto significa que la plataforma sería inaccesible para todos los usuarios en territorio nacional mientras dure el incumplimiento. Esta sanción implicaría pérdidas económicas enormes y afectación a millones de usuarios, sería equiparable a una clausura operativa vía internet"

La controversia va más allá de lo jurídico. Las empresas temen que esta reforma transforme la fiscalización en una herramienta de hipervigilancia, al permitir al gobierno observar datos transaccionales, patrones de comportamiento y flujos financieros en tiempo real.

Aunque el SAT argumenta que solo accederá a información fiscal, la ley no establece mecanismos técnicos para garantizar que ese límite se respete. El artículo tampoco contempla control judicial previo ni auditorías independientes, lo que -según Malpica- elimina la protección jurídica del derecho a la privacidad y las obligaciones en materia de protección de datos personales que deberían garantizarse.

Las organizaciones advierten que la medida coloca a México en un modelo de vigilancia digital estatal comparable con el de regímenes de control autoritario. Países como China, Rusia, Turquía y Hungría acceden a información digital sin autorización judicial.

Empresas del ecosistema digital también alzaron la voz. Mercado Libre señaló que los cambios fiscales del paquete 2026, incluidos los nuevos mecanismos de retención y supervisión digital, “ponen en riesgo a más de un millón de pymes que venden en línea” y amenazan con “un retroceso masivo en la formalidad económica”.

“Los porcentajes de retención propuestos reducen de forma inmediata el flujo de capital mensual de las pymes, que operan con márgenes de ganancia entre el 2% y 6%, limitando su capacidad para comprar inventario, invertir y sostener empleos”, señaló el director general en México del marketplace, David Geisen. En términos prácticos, el modelo de vigilancia y retención simultáneas no solo aumenta la carga regulatoria, sino que encarece el costo de la formalidad en el comercio digital.

La ALAI sostiene que la vigilancia propuesta carece de proporcionalidad y contradice principios básicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al permitir un “acceso total y permanente a la información de la ciudadanía sin necesidad de probar razones reales para hacerlo”.

Esta falta de salvaguardas legales convertiría la fiscalización en una forma de monitoreo continuo sobre la actividad económica y comunicativa de las personas.

Aunque el discurso del gobierno es que busca mayor transparencia y control fiscal, las asociaciones y organizaciones consultadas señalan que la adición de este artículo erosiona derechos fundamentales y genera incertidumbre en el ecosistema tecnológico.

“Recaudar es un fin legítimo, señalan, pero debe ser efectivo, proporcional y justo. No puede servir de justificación para la vulneración de otros derechos humanos”, apuntó la R3D por los derechos digitales en un comunicado de prensa.

Si el artículo 30-B se implementa sin límites técnicos ni judiciales, el SAT pasará de ser una autoridad fiscal a convertirse en un observador omnipresente del ecosistema digital, capaz de inspeccionar en tiempo real la infraestructura económica y social de internet.

La reforma ya dio un paso decisivo al aprobarse en la Cámara de Diputados, pero para estar oficialmente vigente debe pasar el Senado, ser promulgada y publicada, y entrar en vigor conforme al transitorio, esto sería el 1 de abril de 2026.

Monterrey, el nuevo epicentro estratégico de Iberia para conectar México con España.

La aerolínea española inauguró una nueva ruta entre México y Madrid, coincidiendo con el inicio del Mundial 2026, aunque la compañía asegura que su interés trasciende el evento deportivo.

El aeropuerto de Monterrey se prepara para convertirse en la nueva puerta de México hacia Europa. Iberia lanzará en junio próximo su ruta directa hacia Madrid, impulsada por la creciente demanda de viajeros mexicanos que buscan conectar con el continente europeo, un fenómeno que ya no se limita a la Ciudad de México.

La firma eligió operar esta ruta con un Airbus A330-200 “wide body” de última generación, con capacidad para 288 pasajeros distribuidos en cabina Business y Turista. La ruta, que tendrá tres frecuencias semanales, elevará la oferta de la compañía para ambos países a más de 800,000 asientos anuales.

Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina, subraya que aunque el inicio de esta ruta coincide con el Mundial de Fútbol, la decisión responde a una estrategia de largo plazo “La decisión de abrir una ruta es un ejercicio que toma muchos meses y que proyecta un horizonte mucho más largo que un evento de duración relativamente corta”, comenta en entrevista con Expansión.

Aunque Colunga anticipa que la nueva ruta atraerá a europeos que decidan viajar y facilitará su llegada a Monterrey, también destaca el creciente interés de los mexicanos por volar a Europa, donde Madrid funciona como una puerta de entrada al continente.

De acuerdo con la compañía, antes de la pandemia de covid-19, de cada 10 boletos vendidos entre México y España, cuatro se vendían desde México; actualmente, esa cifra ha aumentado a seis de cada 10 boletos. “El apetito de los mexicanos por visitar Europa y España se mantiene fuerte, y con base en ello seguimos apostando por aumentar la conectividad”, comenta Mariana Colunga.

La oportunidad de negocio que observa la compañía va más allá de los viajes directos a Madrid. Según datos de Iberia, alrededor del 60% de los boletos comprados desde México tienen como destino final la capital española; el porcentaje restante obedece a conexiones para quienes quieran llegar a otros países europeos, como Italia o Alemania.

“No solo apostamos por acercar a México con España, sino también por potenciar el hub de Madrid, para ofrecer a los mexicanos una propuesta de valor sólida y la posibilidad de visitar el resto de los destinos que conectamos”, sostiene Colunga.

La nueva ruta busca incrementar la oferta disponible para quienes quieran viajar a España desde el norte del país, siendo una alternativa para viajeros de estados como Chihuahua, Coahuila y Baja California, entre otros. La expectativa es que sea utilizada tanto para viajes de turismo como de negocios y placer.

“Es verdad que Monterrey es un polo industrial y que probablemente aporte una cantidad significativa de viajeros de negocios, pero también lo vemos como una oportunidad para contribuir, no solo a Nuevo León, sino a todos los estados del norte de la República que tengan interés en viajes de negocio o de turismo”, agrega.

La firma considera que Monterrey también tiene potencial como centro logístico, un segmento que para Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), operador de la terminal, ha registrado incrementos de hasta 30% en operaciones de carga. Sin embargo, Iberia señala que su negocio principal seguirá siendo el transporte de pasajeros.

Colunga destaca que su expectativa es que la ruta se mantenga durante los próximos dos años. Mientras tanto, Iberia evaluará el dinamismo que generará con la realización del Mundial 2026, evento cercano a la compañía, que es patrocinador oficial de la selección española.

“Creemos que la capacidad instalada en nuestros vuelos contribuirá a acercar a todos estos fans que vienen desde Europa y que, a medida que se clarifique el rol de los equipos y dónde jugarán, podremos facilitar la llegada de espectadores tanto a Monterrey como a Ciudad de México”, subraya.

Exportaciones de tomate mexicano se desploman 26% tras arancel antidumping de EU.

Las ventas de tomate sumaron 169.8 millones de dólares en agosto de 2025, el valor más bajo para ese mes desde 2020.

La industria tomatera mexicana enfrentó su peor agosto en cinco años. Un mes después de que Estados Unidos pusiera fin al Acuerdo de Suspensión y aplicara un arancel antidumping de 17% al tomate fresco, las exportaciones mexicanas registraron una caída pronunciada.

Según datos de Banxico, en agosto las exportaciones de tomates frescos o refrigerados sumaron 169.8 millones de dólares, una disminución de 26.4% frente al mismo mes de 2024, cuando alcanzó 230.9 millones. Es el nivel más bajo para un agosto desde 2020, cuando la pandemia interrumpió el comercio y el valor se ubicó en 158.3 millones de dólares.

La tendencia descendente de las ventas mexicanas de tomate comenzó en abril, cuando Washington anunció su salida del acuerdo que regulaba el mercado.

Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones alcanzaron 1,782 millones de dólares, 19.7% menos que en el mismo periodo del año previo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anticipó una caída de 5% para todo el año con un arancel, pero la contracción ya supera con amplitud esa proyección.

México envía 99.8% de su producción tomatera a Estados Unidos. Sinaloa encabeza la lista con 41.7% del total, seguido por Jalisco y Sonora, ambos con 11.7%, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Sinaloa, en el centro del impacto

Sinaloa, principal productor y exportador, depende de este cultivo como eje económico. El tomate representa cerca de la mitad de las exportaciones agrícolas del estado y genera una derrama anual de 3,000 millones de dólares hacia el mercado estadounidense. La Asociación de Agricultores del Río Culiacán advirtió que la imposición arancelaria pone en riesgo esta fuente de ingresos y puede alterar la estructura productiva regional.

La organización anticipa que muchos productores migrarán a otros cultivos en el ciclo agrícola 2025-2026. Más de 72,000 personas trabajan en el sector tomatero sinaloense y más de 700 productores exportan a Estados Unidos, por lo que el golpe se extiende al empleo rural y a la economía local.

La decisión estadounidense llegó en un entorno de tensión creciente. Washington argumentó prácticas desleales de precios. Productores mexicanos y autoridades señalaron presiones políticas de asociaciones agrícolas de Florida que desde hace años buscan frenar la entrada de tomate mexicano.

El 14 de julio, cuando expiró el acuerdo, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió apoyar a la industria nacional y mantener el diálogo con Estados Unidos. Una semana después, el gobierno anunció precios mínimos de exportación para estabilizar el mercado y preservar la planta productiva.

Los precios fijados en dólares por kilo son los siguientes: cherry 1.70; bola 0.95; con tallo 1.65; en racimo 1.70; Roma 0.88; grape 1.70; y otras variedades 1.70. Esta medida entró en vigor el 8 de agosto y se revisará cada año o antes si las condiciones del mercado lo requieren.

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura afirmaron que la decisión protege a productores, evita distorsiones y garantiza el abasto interno. Las asociaciones tomateras respaldaron la medida, destacando que el sector genera más de 3,100 millones de dólares anuales y emplea a más de 400,000 trabajadores agrícolas en todo el país.

Durante casi tres décadas, el Acuerdo de Suspensión evitó cuotas compensatorias a cambio de respetar precios de referencia predeterminados. Estos precios no habían cambiado desde 2013, a pesar de la inflación en ambos países. Con su terminación, la exportación mexicana volvió a un mercado libre similar al de 1996, cuando comenzó la investigación antidumping.

La retórica de Estados Unidos

Desde la Casa Blanca se dice que fue un movimiento decisivo para proteger la agricultura local y restaurar la equidad, y asegura que en poco tiempo los aranceles de la administración Trump sobre las importaciones de tomate mexicano ya están impulsando a los agricultores, productores y dueños de negocios estadounidenses, incluso recogió una serie de testimonios.

“Solo han pasado dos días y ya tenemos más llamadas de clientes, y el precio ni siquiera ha cambiado”, dijo Chad Smith, de Smith Tomato Farm en Alabama.

Matt Rudd, de Carolina del Norte, afirmó que ahora se verán más tomates locales en las tiendas. Rich Troccio, de Pittsburgh, fue más tajante al declarar que no le molestaría un arancel del 50% porque prefiere comprar producción estadounidense.

Otros relatos resaltan un terreno más favorable para productores locales. Logan Duvall, de Arkansas, destacó que el dinero se queda en la comunidad en lugar de ir a conglomerados extranjeros. Steve Longmire, de Tennessee, prevé mejores precios para los productores durante el otoño e invierno.

Las exportaciones de tomate son un pilar de la balanza agroalimentaria mexicana y un símbolo de integración con Estados Unidos, pero ahora está en riesgo. El gobierno de Sheinbaum intenta contener el impacto con precios mínimos y la búsqueda de nuevos mercados mediante su red de tratados comerciales.