
En febrero se cumplirán tres años desde que el entonces presidente López Obrador firmó la "nacionalización" del litio, pero nada ha sucedido en la industria automotriz desde entonces.
El próximo 18 de febrero se cumplirán tres años de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en Sonora el decreto por el que llegaría la “nacionalización” del litio, una acción anunciada desde meses atrás, bajo la promesa de ser el punto de partida para la industria de autos eléctricos en el país.
Las intenciones expuestas con fuerza desde el Gobierno Federal fueron que el litio se reservaría para aprovechamiento del Estado, en miras de que la riqueza que esta industria pudiese generar se quedara en México, principalmente por la producción de baterías para la fabricación automotriz.
Pero el tiempo ha pasado y nada se ha materializado. La problemática radica en que la industria automotriz sigue avanzando y, con ello, los planes de negocio se definen a largo plazo, sobre todo en proveeduría. Hasta ahora, México no está en el mapa.
Desde la perspectiva de Eric Ramírez, director para América Latina de Urban Science, aunque el discurso del Gobierno Federal estaba orientado a que las armadoras, en algún momento, adquirieran baterías “Hechas en México”, los fabricantes de vehículos no observaron una verdadera fuente de proveeduría en este plan, pues aún no se ha extraído una sola gota de litio a partir de los yacimientos del país.
“Se ve una puesta a muy largo plazo. Sí, reconocemos que ahí están los yacimientos, pero faltan todavía muchos años para desarrollar eso en algo que se pueda consumir”, comenta Ramírez en entrevista con Expansión.
Y es que la coyuntura que atraviesa el litio en México no es menor. Los ojos del mundo voltearon al país en 2019, principalmente a Sonora, cuando la Mining Technology consideró que en el municipio de Bacadehuachi se encontraba el mayor yacimiento de litio en el mundo.
Pero fue poco el tiempo que duró la efervescencia ante tal yacimiento, pues el litio localizado ahí y, en general, en México, está en arcillas, lo que marca un panorama completamente diferente en cuanto a extracción, producción y procesamiento en el mundo, ya que la mayoría del litio en el planeta se ubica en salares o salmueras.
En los últimos años, mientras el litio en México ha quedado reservado para el Estado, otros países, como China, han ido afianzando su permanencia en la producción de baterías, con un papel tan preponderante que el gigante asiático llega a ensamblar entre seis y siete de cada 10 de estos componentes en el mundo, de acuerdo con datos de EV Volumes.
México quería entrar a un terreno al que no es posible llegar de la noche a la mañana. Siguiendo el caso de China, este país comenzó a hacerse un lugar en la industria desde hace más de dos décadas, con el procesamiento paulatino de sus propios yacimientos y después, con la adquisición de otros en diferentes partes del mundo, como Australia.
Su posicionamiento en la producción de baterías ha sido un esfuerzo coordinado en donde el Gobierno de China ha estado trabajando de la mano con privados, y aún así, pese a los esfuerzos coordinados y a que es el fabricante número uno en el mundo, no ha logrado disminuir sus precios del todo, lo que vuelve aún más complicada la idea de que México pueda ganarse un lugar en esta industria.
“Si algo como China, ya nos lleva 25 años de delantera, todavía tiene problemas y aún no logra encontrar un producto realmente competitivo y a bajo costo ¿Qué se puede esperar de México? Lo único que tendría México sería pues la materia prima, pero también requiere de todo un brazo tecnológico”, sostiene Ramírez.
El ecosistema del litio y la electrificación en México se observaba principalmente al norte del país, con Sonora encabezando los planes, apoyado también de Nuevo León, en donde se supone que se construiría la siguiente GigaFactory de Tesla enfocada en autos eléctricos y que, de acuerdo con las perspectivas a nivel federal, llegaría a motivar toda la cadena de valor.
Aunque este proyecto no se ha cancelado de manera oficial por la compañía de Elon Musk, ya que éste está a la deriva desde el anuncio de su posible construcción en marzo de 2022, la industria ha dejado fuera del mapa esta fábrica y con ello, parece que los planes de electrificación en el país también están quedando atrás.
Pero la idea de contar con baterías “Made in México” comienza a desdibujarse por factores externos, pues las intenciones de electrificar el parque vehicular alrededor del mundo también está enfrentando dificultades.
La semana pasada la Comisión Europea propuso eliminar la prohibición efectiva a los nuevos vehículos con motor de combustión interna en el bloque a partir de 2035, con el objetivo de permitir la venta de algunos autos no eléctricos, tras la intensa presión del sector, que aún no ha logrado migrar del todo a las nuevas tecnologías.
Para Gerardo Gómez, country manager de J.D. Power México, si los factores internacionales vuelven a encausarse a la producción de eléctricos, el país podría tener un lugar en la industria si esto viene acompañado de un mayor impulso federal, pero por la realidad que prevalece actualmente esto luce difícil de llevarse a cabo.
“Hay un enfriamiento (en eléctricos), pero no dudemos que si cambian las legislaciones o los apoyos, se vuelva a reactivar y nos ponga otra vez en la mira para poder ser una alternativa, pero eso dependerá de cómo las armadoras vayan tomando esas decisiones estratégicas de cómo avanzar sus portafolios de producto”, comenta Gómez.
Otros países en América Latina, como Chile, han logrado poco a poco hacerse de un lugar en esta industria, lo que ha sido posible a través del esfuerzo entre iniciativa pública y privada, nacionales e internacionales, teniendo como eje principal la apertura, algo que no ha sucedido en México.
La producción de baterías de litio en México cierra este año aún siendo inexistente y con pocas probabilidades de alzarse con fuerza el próximo 2026 y mientras tanto, el sector automotriz sigue su curso con lo que ya existe: los autos a gasolina.

El tipo de cambio cotiza en 17.93 pesos por dólar, ante la perspectiva de una pausa por parte del Banco de México.
El peso mexicano se apreciaba el martes ante un declive generalizado del dólar y luego de un reporte local de inflación que reforzaba las perspectivas de que el banco central pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.
La moneda cotizaba en 17.9392 unidades, con un avance de un 0.22%, en una sesión que se anticipaba de menor volumen de negocios que el habitual debido al periodo de asueto por fin de año.
El índice general de precios al consumidor se moderó en la primera quincena de diciembre más de lo previsto a un 3.72%. La inflación subyacente también disminuyó más de lo esperado y se ubicó en un 4.34%, aun así, continuó por encima del objetivo permanente de Banco de México de un 3% +/- un punto porcentual.
La semana pasada, la autoridad monetaria redujo la tasa de fondeo interbancario por decimotercera vez desde que comenzó a disminuirla en 2024, sin embargo, ofreció señales de que podría interrumpir su ciclo de suavización monetaria en medio de la persistencia de la inflación subyacente.

México aplicará un IEPS del 8% a videojuegos violentos en físico y digital, incluyendo contenido descargable y suscripciones. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
El gobierno mexicano aprobó un nuevo impuesto que cambiará la manera en que millones de jugadores pagan por sus títulos favoritos. A partir del 1 de enero de 2026, ciertos videojuegos, tanto físicos como digitales, estarán sujetos a un cargo adicional del 8% bajo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
¿Qué juegos tendrán un impuesto del 8% en 2026? El gravamen no aplica a todos los videojuegos, sino únicamente a aquellos que se encuentran bajo la categoría oficial de “videojuego violento extremo o para adultos”. Esta etiqueta incorpora cinco criterios específicos que las autoridades consideran de riesgo o impacto social.
El primero de ellos es que el juego incluya violencia intensa o escenas prolongadas de agresiones. El segundo elemento es la presencia de contenido sexual, lo cual puede elevar el nivel de clasificación.
En tercer lugar se incluye cualquier videojuego que muestre derramamiento de sangre o elementos gráficos similares que refuercen la percepción de violencia extrema. El cuarto criterio contempla el uso de lenguaje fuerte, entendido como expresiones altisonantes o insultos constantes que formen parte central de la narrativa o de las mecánicas del juego.
Y, finalmente, también se consideran “violentos extremos” aquellos videojuegos que incorporen apuestas con moneda real, esto sin importar que el resto del contenido sea, o no, violento.
Con esta definición, el paquete fiscal establece que los jugadores pagarán un 8% adicional por cualquier videojuego violento adquirido en formato físico. Este cargo forma parte del IEPS y se suma al precio final de venta.
Pero el gravamen no se limita a los discos o cartuchos. También aplicará el mismo 8% a los videojuegos descargables, es decir, compras realizadas a través de tiendas digitales como PlayStation Store, Xbox Marketplace, Nintendo eShop, Steam o similares.
Un punto especialmente relevante para los jugadores es que el impuesto también se aplicará al contenido adicional de estos videojuegos. Esto incluye expansiones, niveles extra, nuevos personajes, modos de juego adicionales o armas exclusivas.
Esto significa que, incluso si el usuario ya pagó el juego base, cualquier compra complementaria dentro del mismo universo, si está clasificado como violento extremo, también generará el 8% de IEPS.
¿Las membresías como Game Pass también tendrán impuestos? Otro escenario importante es el de las membresías o suscripciones, como Xbox Game Pass, PlayStation Plus o servicios similares que dan acceso a un catálogo amplio de juegos. Si parte del catálogo incluye títulos violentos, el impuesto solo se aplicará al precio correspondiente al acceso o descarga de esos videojuegos.
Para lograrlo, la empresa que presta el servicio deberá separar los precios en el comprobante de pago, indicando explícitamente cuánto corresponde al acceso a los juegos violentos y cuánto al resto.
Sin embargo, si las compañías no separan los montos (algo que podría ocurrir en plataformas globales que no adapten sus facturas para México) la autoridad fiscal interpretará que el 70% del pago del usuario corresponde al acceso a videojuegos violentos.
En la práctica, esto podría encarecer significativamente servicios donde la distinción entre títulos es menos clara o donde el catálogo cambia mes a mes y al tratarse de un impuesto al consumo, los jugadores serán quienes absorban directamente el costo adicional.

En la última reunión de política monetaria del año, el Banco de México votó por mayoría por bajar la tasa de interés a 7% en medio de advertencias por el repunte en la inflación.
El Banco de México (Banxico) cerró el 2025 con un último recorte a la tasa de interés y la situó en 7%, a pesar de que la inflación registró un repunte en noviembre.
En su última reunión de política monetaria, los miembros de la junta decidieron por mayoría un recorte de 25 puntos base; Jonathan Heath votó por mantener sin cambios la tasa de interés.
"La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario", destacó el banco central.
Los miembros de la junta destacaron que el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global ayudarán a la inflación.
Contra los pronósticos de los analistas, Banxico descartó hacer modificaciones en su trayectoria para la inflación y mantuvo sus pronósticos de que convergerá al 3% en el tercer trimestre de 2026.
En noviembre, la inflación repuntó a 3.8% ante el aumento de las tarifas eléctricas así como del transporte público; la inflación subyacente se ubicó en 4.43%.
El banco de inversión UBS destacé un reporte que parte del repunte inflacionario podría revertirse en diciembre, debido a efectos estacionales asociados al Buen Fin.
Tras acumular más de 400 puntos base de recortes acumulados, los expertos esperan que Banxico sea más cauteloso en los meses siguientes. "Los impuestos de enero y la posible transferencia arancelaria aumentan la probabilidad de una pausa en febrero", señalaron analistas de Morgan Stanley.