El 20 de agosto de 2025, la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019 promovidas por la CNDH y senadores. La Corte analizó reformas de 2019 que habían ampliado la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales y equiparado ciertos ilícitos tributarios con delincuencia organizada y seguridad nacional.
La decisión declaró inconstitucional:
Pero mantuvo la validez del artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, que sanciona la compraventa o expedición de CFDI falsos.
La sentencia tiene repercusiones directas en la manera en que los empresarios y emprendedores deben relacionarse con la autoridad fiscal:
- Menos criminalización automática: Ya no es posible que un empresario acusado de fraude fiscal quede en prisión automática sin que el juez valore el caso. Ahora, el Ministerio Público debe justificar la necesidad de medidas cautelares.
- Mayor seguridad jurídica: Se eliminó la equiparación desproporcionada de delitos fiscales con delincuencia organizada o amenazas a la seguridad nacional.
- Persisten riesgos penales: El artículo 113 Bis sigue vigente. Expedir o recibir facturas que amparen operaciones inexistentes sigue siendo un delito grave con sanciones de prisión.
Para los negocios, esta decisión significa un equilibrio entre la protección de derechos humanos y el combate a la evasión fiscal:
Protección: Los empresarios no serán privados automáticamente de su libertad en caso de acusaciones fiscales.
Responsabilidad: Las operaciones deben documentarse con rigor, pues el delito de comprobantes falsos sigue plenamente vigente.
Compliance fiscal: Las empresas deben fortalecer sus controles internos, políticas de revisión de proveedores y validación de CFDI en el portal del SAT.
1. Auditoría preventiva: Revise periódicamente sus operaciones y CFDI emitidos/recibidos.
2. Protocolos internos: Establezca políticas claras de validación de facturas para evitar riesgos de vinculación con factureras.
3. Capacitación al personal: Sensibilice a su equipo sobre la importancia de no participar en esquemas agresivos de evasión.
4. Asesoría legal y fiscal especializada: Involucre consultores que combinen experiencia en materia fiscal y penal.
La SCJN envía un mensaje claro: combatir la evasión fiscal es prioridad, pero debe hacerse respetando los derechos fundamentales. Para empresarios y emprendedores, esto abre un espacio de mayor certeza jurídica, pero también exige un compromiso más serio con la transparencia y la formalidad en las operaciones. En un entorno donde el SAT utiliza cada vez más tecnología para detectar irregularidades, la mejor estrategia empresarial es el cumplimiento preventivo.
En AS Consulting Group (www.ascg.mx) ayudamos a las empresas a blindarse contra riesgos fiscales y a diseñar estrategias de cumplimiento que optimicen su carga tributaria, respetando siempre la legalidad.