La combinación de IA con tecnologías como Big Data, el Internet de las Cosas (IoT), la fabricación aditiva e impresión 3D, y Blockchain, está facilitando la transición de las empresas hacia sistemas industriales más sostenibles y regenerativos.
Esta ley introduce un marco regulatorio que abarca tanto la responsabilidad administrativa como penal de las empresas, buscando sancionar tanto a servidores públicos como a particulares por faltas administrativas.
Estas operaciones se realizan bajo condiciones que difieren de las que serían acordadas por empresas independientes, debido a la relación existente entre ellas. Dicha relación puede ser directa o indirecta, influyendo en la dirección, control o capital de la otra empresa, o cuando las mismas personas participan en la dirección, control o capital de ambas empresas.
Estos mecanismos no solo previenen riesgos e infracciones, que dependiendo de su gravedad pueden conllevar multas o sanciones penales, sino que también protegen la reputación de la empresa, mejoran la gestión empresarial y fomentan una cultura de ética y legalidad, asegurando la continuidad de las operaciones.