Esta apertura al capital y experiencia internacional ha llevado a un fenómeno interesante: la necesidad de importar mano de obra calificada de otros países para llevar a cabo estas operaciones especializadas.

Este artículo no busca analizar las causas de esta situación, sino más bien examinar cómo las recientes reformas laborales podrían estar exacerbando la informalidad laboral y lo que esto significa para el futuro económico del país.

La inversión extranjera es un motor clave para el desarrollo económico de México, ofreciendo ingresos esenciales para el crecimiento del país. Para garantizar la transparencia y supervisión de estas operaciones, México ha implementado la Ley de Inversión Extranjera (LIE), un marco normativo diseñado para canalizar eficientemente la inversión extranjera y asegurar su contribución al desarrollo nacional.

Este organismo, creado en 1989 por las siete economías más grandes del mundo, cuenta hoy con 36 países miembros y ha desarrollado un conjunto de 40 recomendaciones para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha dado un paso importante en la modernización y regulación del transporte de bienes y mercancías con el anuncio de la versión 3.0 del complemento Carta Porte. Esta actualización, que entrará en vigor a partir del 25 de noviembre, está diseñada para fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de las cargas transportadas a través del territorio nacional, buscando así reducir y prevenir el transporte ilegal.

El 2023 ha sido un año de cambios significativos en el panorama fiscal de México, particularmente en lo que respecta al Impuesto Sobre Nóminas (ISN). Este impuesto, regido por la potestad tributaria de las entidades federativas y la Ciudad de México, ha experimentado ajustes que han repercutido tanto en el sector empresarial como en el trabajador promedio.

Desde su implementación el 17 de julio de 2013, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha jugado un papel crucial en la protección del sistema financiero y la economía nacional de México. Esta ley, enfocada en estructurar medidas y procedimientos eficientes, busca prevenir y detectar actos y operaciones ilícitas para evitar que los recursos ilícitos se infiltren en actividades productivas legítimas.